El exfiscal general, Johel Zelaya, reaccionó con contundencia tras el proceso de juicio político ejecutado en su contra, calificando la medida como un golpe directo a la institucionalidad del país y no meramente como un ataque hacia su persona. A través de una enérgica declaración pública, el exfuncionario defendió su gestión y lamentó profundamente la situación actual por la que atraviesa la nación.
“El juicio político ilegal que me aplicaron no fue contra un hombre, fue contra la independencia y el deber de no arrodillarse ante el poder”, sentenció de forma tajante Zelaya, sugiriendo que su destitución respondió a intereses políticos externos que buscaban neutralizar la autonomía del Ministerio Público. Con sus palabras, el exfiscal dejó en claro que su salida forzada del cargo es el reflejo de un quiebre en el respeto a la separación de poderes en Honduras.
Además de abordar su situación jurídica, Zelaya aprovechó la intervención para referirse a la crisis social y de seguridad que golpea al territorio hondureño. Con un tono de profunda preocupación, subrayó que Honduras hoy en día “se desangra” debido a que miles de familias se encuentran sumidas en el luto, vinculando el deterioro institucional con el incremento de la violencia y la desatención de las demandas ciudadanas. Sus declaraciones han generado de inmediato fuertes divisiones en el escenario político nacional entre quienes defienden la legalidad del proceso legislativo y quienes denuncian una persecución sistemática contra operadores de justicia independientes.
