La decisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de reducir a 15 días el plazo para el pago de la factura eléctrica ha generado molestia y preocupación entre distintos sectores de la población hondureña, quienes consideran que la medida incrementa la presión económica sobre los hogares.
Aunque la estatal argumenta que el cambio busca mejorar la organización de los procesos de facturación y garantizar la continuidad del servicio, numerosos usuarios señalan que la disposición representa una carga adicional en medio del alto costo de vida y las múltiples obligaciones financieras que enfrentan las familias.
La inconformidad ha sido especialmente visible entre sectores de clase media y media alta, donde ciudadanos advierten que la reducción del tiempo de pago afecta la planificación económica mensual, particularmente para quienes dependen de fechas específicas de salario o mantienen compromisos como créditos, educación y gastos de salud.
Además, la medida ha abierto debate sobre la falta de alternativas graduales o incentivos para fomentar el pago puntual, en lugar de aplicar un recorte directo en el plazo establecido para cancelar el servicio eléctrico.
Diversas opiniones también cuestionan que la ENEE priorice mecanismos de recaudación inmediata mientras persisten problemas estructurales como pérdidas técnicas, conexiones ilegales y mora histórica dentro del sistema energético nacional.
El anuncio continúa generando reacciones en redes sociales y distintos sectores ciudadanos, donde muchos consideran que la medida carece de sensibilidad frente a la situación económica actual del país.“Más presión al bolsillo”:
