Tegucigalpa. La socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, lanzó duras críticas contra el oficialismo, afirmando que los recientes escándalos de corrupción dentro del Partido Libertad y Refundación (Libre) reflejan un colapso ético e institucional, así como la captura del aparato estatal por un núcleo reducido de poder.
En declaraciones brindadas a medios de comunicación, Castellanos señaló que la conversación filtrada entre una diputada del Congreso Nacional y un alto funcionario, junto con las denuncias sobre el uso de fondos públicos en campaña, evidencian el uso clientelista del Estado con fines partidarios.
“Corrupción en Libre revela debilitamiento institucional y concentración del poder”, afirmó, dejando claro que estos no son hechos aislados, sino parte de una estructura sistemática que habría subordinado los recursos públicos al proyecto político del oficialismo.
Acumulación de escándalos
Castellanos recordó que tanto el audio filtrado como las acusaciones de financiamiento ilegal emergieron simultáneamente, justo cuando Libre entra en una etapa crucial de cara a las elecciones generales de noviembre.
Asimismo, vinculó el momento actual con episodios previos como el caso Koriún —aún sin esclarecer— y el llamado narcovideo, que en 2024 insinuaba supuestos nexos del círculo presidencial con el crimen organizado desde la fundación del partido en 2013.
Centralización de fondos y redes clientelares
La exrectora apuntó que se habrían canalizado más de 20 millones de lempiras a través de diputados cercanos al Ejecutivo. Mencionó que la diputada Isis Cuéllar fue quien más fondos gestionó durante esta administración, lo que —a su juicio— confirma su cercanía con la familia presidencial, la presidencia del Congreso y la cúpula partidaria.
Agregó que otros legisladores, en su mayoría miembros de la junta directiva provenientes de departamentos como Santa Bárbara, Francisco Morazán y Cortés, también habrían participado de la distribución de recursos.
Becas utilizadas como mecanismo de control político
Castellanos también denunció el uso político de programas como las becas estudiantiles, que, en lugar de ser gestionadas por la Secretaría de Educación, fueron administradas por diputados. Según testimonios recopilados, muchos jóvenes beneficiarios eran obligados a trabajar en call centers del gobierno enviando mensajes propagandísticos, bajo amenaza de perder su beca.
“Es un mecanismo perverso que corrompe no solo a los jóvenes, sino también a sus familias, al vincular el acceso a un derecho como la educación con tareas propagandísticas”, sentenció.
“El daño vino desde adentro”
La académica rechazó que estas revelaciones puedan considerarse producto de una persecución política. Por el contrario, aseguró que los indicios y filtraciones provienen del interior del propio partido.
“Ni el narcovideo ni estas filtraciones vinieron de afuera. Este daño al partido vino desde adentro. Y a cinco meses de las elecciones, Libre corre el riesgo de perder el respaldo del voto independiente que creyó en un cambio y en una lucha auténtica contra la corrupción”, advirtió.
Finalmente, Castellanos subrayó que el silencio del oficialismo ante estas denuncias podría representar un alto costo político:
“Si el partido de gobierno opta por guardar silencio frente a estos casos, perderá uno de sus principales ejes discursivos de campaña, y su credibilidad frente al electorado quedará profundamente erosionada”.
