El gobierno de los Estados Unidos dio un giro histórico en su política exterior al presentar una acusación formal en contra del expresidente y exdictador cubano, Raúl Castro. El histórico anuncio judicial, coordinado desde el sur de Florida, señala directamente al líder comunista por su presunta responsabilidad y participación en el derribo de dos avionetas civiles desarmadas pertenecientes a la organización de exiliados «Hermanos al Rescate», un trágico incidente internacional ocurrido en febrero de 1996 en el que perdieron la vida cuatro personas.
Fuentes del Departamento de Justicia confirmaron que el encausamiento se venía gestionando a través de un grupo de trabajo especial de fiscales federales. Las autoridades estadounidenses e investigadores del caso vincularon de manera directa la cadena de mando de la época, argumentando que la orden de interceptar y destruir las aeronaves con cazas militares fue una acción premeditada del Estado cubano, bajo la gestión de Castro, quien en ese momento se desempeñaba como ministro de Defensa de la isla.
El anuncio de la imputación provocó una oleada inmediata de reacciones políticas y sociales en Miami, donde líderes del exilio cubano y congresistas calificaron la medida como un acto de justicia moral que tardó tres décadas en materializarse. Mientras tanto, el histórico procesamiento penal eleva al máximo las tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana, coincidiendo con un momento de profunda crisis económica y energética en el país caribeño y un endurecimiento generalizado de la postura de la Casa Blanca hacia el régimen de Miguel Díaz-Canel.
