Tegucigalpa. En medio de la creciente tensión política, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que la eventual aplicación del juicio político en Honduras no responde a intereses de persecución, sino a la necesidad de marcar un precedente en la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
El titular del Legislativo subrayó que este mecanismo constitucional busca evitar abusos de poder y garantizar que quienes incumplan la ley enfrenten consecuencias. “No se trata de venganza, sino de sentar un precedente para que nadie utilice su cargo con impunidad”, afirmó.
Zambrano también recordó que la activación del juicio político requiere al menos 86 votos en el Congreso Nacional, y advirtió que, de alcanzarse ese respaldo, su ejecución sería inminente dentro del marco legal vigente.
Sus declaraciones surgen tras las advertencias del coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, quien denunció un supuesto intento de destitución del consejero del CNE, Marlon Ochoa. Según el exmandatario, detrás de esta iniciativa existiría una articulación política entre sectores del Partido Nacional y liberales.
De acuerdo con Zelaya, la salida de Ochoa pondría en riesgo la transparencia del proceso electoral, al tratarse de una figura clave dentro del órgano electoral.
Ante estos señalamientos, Zambrano rechazó cualquier motivación política y pidió “dejar gobernar”, asegurando que la actual administración, liderada por el presidente Nasry Asfura, está enfocada en corregir problemas heredados y fortalecer la institucionalidad.
El presidente del Congreso reiteró que el juicio político es una herramienta legítima para sancionar a quienes, según sostuvo, han atentado contra el orden institucional, enfatizando la importancia de evitar que estos hechos queden sin consecuencias.
Mientras tanto, el debate continúa en el escenario político nacional, a la espera de que el Legislativo defina si existen los votos necesarios para avanzar con esta figura.
