El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reiteró este viernes su respaldo a las reformas penales y penitenciarias aprobadas para combatir el crimen organizado en el país, luego de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) expresara preocupación los riesgos de violaciones a los derechos humanos en el país.
Asimismo, Zambrano resaltó un punto esencial en que tanto el primer poder del Estado como la Oacnudh coinciden: «El Estado tiene la obligación de proteger al pueblo hondureño y dar justicia a las víctimas».
Recomendaciones serán analizadas
En un pronunciamiento en redes sociales, el presidente Zambrano aseguró que el Legislativo recibió con respeto el comunicado del organismo internacional, divulgado el jueves, y que analizará sus recomendaciones con apertura, especialmente aquellas que contribuyan a combatir el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia común.
«Analizaremos sus recomendaciones con apertura, y acogeremos las que ayuden a combatir a los terroristas, crimen organizado y la delincuencia común», indicó.
El presidente de la Cámara Legislativa destacó que el único propósito del Legislativo, junto al Gobierno de la República, es someter a las organizaciones criminales que durante décadas han sometido al pueblo hondureño.
«Maras, pandillas y bandas delincuenciales han sembrado terror en barrios y colonias, aldeas y caseríos, y han privado a miles de familias de vivir y trabajar en paz. ¡Basta!», manifestó.
Zambrano refirió que las reformas penales y penitenciarias garantizan el debido proceso y respetan los derechos humanos, y puntualizó que, sobre todo, privilegian a los hondureños honrados que trabajan y no delinquen.
«Primero los buenos, primero las víctimas, primero los más vulnerables», afirmó.
En su comunicado, la Oacnudh reconoce los importantes desafíos que enfrenta Honduras en materia de violencia, extorsión y criminalidad organizada, pero sugiere que las medidas que adopte el país deben estar dentro del marco de las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el Estado hondureño.
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