Nuevo informe de EE.UU revela que Honduras pierde inversión por corrupción y falta de seguridad jurídica

Un reciente informe del gobierno de Estados Unidos advierte que la corrupción y la inseguridad jurídica en Honduras están afectando gravemente la llegada de inversión extranjera y nacional.

Aunque el país cuenta con ventajas competitivas como su ubicación estratégica junto a los mercados estadounidenses, abundancia de recursos naturales y una fuerza laboral calificada, los problemas estructurales generan incertidumbre entre los inversionistas.


Estabilidad macroeconómica con obstáculos persistentes

El documento reconoce que Honduras mantiene una posición macroeconómica relativamente estable, respaldada por la confianza en bonos soberanos y los avances en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, también señala desequilibrios internos, dificultades para repatriar dólares y retrasos en trámites regulatorios que limitan el crecimiento de nuevos proyectos, incluso en sectores históricamente exitosos como la industria automotriz.


Ambivalencia política y señales mixtas desde el gobierno


El informe destaca una división interna dentro del gobierno hondureño. Mientras algunos funcionarios de la presidencia reconocen el papel del sector privado en la generación de empleo y riqueza, otros miembros del partido oficialista LIBRE expresan desconfianza hacia los inversionistas.

Esta ambivalencia genera un clima de incertidumbre política que desincentiva la expansión de negocios.


Factores críticos que elevan el riesgo


Entre los principales obstáculos identificados por el informe se encuentran:

  • Corrupción persistente
  • Inseguridad jurídica y ambigüedad fiscal
  • Disputas por la tierra
  • Electricidad costosa e inestable
  • Inseguridad ciudadana
  • Deficiencias en infraestructura y educación

    Según los expertos estadounidenses, esta combinación de factores hace que Honduras sea percibida como un entorno de alto riesgo para nuevos capitales. La falta de reformas estructurales y señales claras desde el gobierno agravan la desconfianza de los inversionistas, limitando el potencial económico del país.

RESUMEN EJECUTIVO

Honduras mantiene varias ventajas competitivas que la harían atractiva para una mayor inversión privada nacional e internacional:

  • fuertes requisitos de comercio e inversión bajo el CAFTA-DR,
  • una ubicación estratégica junto a los mercados estadounidenses con un puerto de aguas profundas,
  • una rica dotación de recursos naturales,
  • una posición macroeconómica relativamente sólida subrayada por la confianza de los inversores en bonos soberanos y el continuo progreso en el programa del país con el FMI, y
  • Gente trabajadora, incluido un grupo importante de trabajadores cualificados

Numerosos emprendedores y dueños de negocios, incluyendo más de 200 empresas estadounidenses, operan en Honduras. Algunos sectores, como la industria automotriz, han descubierto que Honduras posee una ventaja comparativa regional y decidieron expandir sus operaciones en el país en 2024.

Algunos altos funcionarios del gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro comprenden y apoyan el papel de la inversión privada en la creación de empleo y el crecimiento económico de Honduras. Sin embargo, otros responsables de la toma de decisiones en el gobierno y algunos otros, incluyendo miembros del gobernante Partido LIBRE, han expresado una actitud más hostil hacia el sector privado en general.

Estas actitudes contradictorias socavan los esfuerzos del gobierno por superar los constantes desafíos que enfrenta Honduras para crear un clima propicio para la inversión estadounidense y extranjera. Estos desafíos persistentes incluyen:

  • desequilibrios macroeconómicos que obligan a tomar difíciles decisiones políticas,
  • corrupción,
  • aplicación y cumplimiento de impuestos impredecibles,
  • continuas disputas por la tierra,
  • electricidad poco fiable y cara,
  • alta criminalidad,
  • bajos niveles de educación y
  • infraestructura deficiente

Los inversionistas informan que la gran incertidumbre sobre las políticas gubernamentales ha generado reticencia a expandir nuevas operaciones en Honduras. Entre los problemas que impulsan esta incertidumbre se incluyen:

  • Los posibles efectos de un proyecto de ley para cambiar la estructura de exoneración fiscal de Honduras,
  • La continua dificultad de las empresas para acceder y repatriar dólares estadounidenses provenientes de la subasta de divisas del Banco Central,
  • Retiro de Honduras del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio CIADI),
  • dificultades en los procesos regulatorios de agencias gubernamentales como el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, y
  • Incertidumbre sobre la estabilidad jurídica derivada del fallo de la Corte Suprema de Justicia contra la ley de la zona económica especial “ZEDE”

La incertidumbre política antes de las elecciones generales de noviembre de 2025 en Honduras también ha ralentizado la toma de decisiones de los inversores.

Sección 1.

Apertura y restricciones a la inversión extranjera

Políticas hacia la Inversión Extranjera Directa

Honduras está generalmente abierta a la inversión extranjera, y el gobierno de Castro ha declarado públicamente que reconoce la importancia de la inversión extranjera para generar nuevas oportunidades, empleo e impulsar el crecimiento económico. El marco legal para la inversión incluye:

  • Constitución hondureña,
  • Ley de Promoción y Protección de las Inversiones de 2011, y
  • capítulo de inversión del CAFTA-DR

La Constitución hondureña establece que los tratados se consideran automáticamente derecho interno y, en caso de conflicto entre un tratado y una ley vigente, el tratado prevalece sobre la ley. La Constitución hondureña exige que toda inversión extranjera complemente, pero no sustituya, la inversión nacional. La Ley de 2011 garantiza el trato nacional y el trato de nación más favorecida para las inversiones estadounidenses en la mayoría de los sectores de la economía hondureña e incluye mayores beneficios en materia de seguros y arbitraje para los inversionistas nacionales y extranjeros.

El Consejo Nacional de Inversiones (CNI), el Ministerio de Promoción de Inversiones, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Planificación Estratégica tienen interés en atraer inversión extranjera y un ambicioso mandato de creación de empleo. Sin embargo, ninguna de las agencias tiene amplia autoridad para acelerar proyectos de inversión extranjera, lo que significa que las empresas a menudo reportan tener que lidiar con varios ministerios gubernamentales con mandatos superpuestos y sin una coordinación interinstitucional clara.

Los críticos se quejan de que la falta de claridad y la superposición de responsabilidades entre estas entidades socavan la capacidad del gobierno para promover eficazmente a Honduras como un destino rentable para el capital extranjero. Representantes del gobierno hondureño han expresado su deseo de consolidar las actividades de promoción de inversiones dentro de un solo ministerio o desarrollar una entidad autónoma independiente que incluya tanto a actores gubernamentales como privados para promover la inversión en el país. Cualquier reforma requerirá la aprobación del Congreso hondureño, lo cual es improbable a corto plazo. El Gobierno de Honduras no ha establecido una política estratégica de inversión con objetivos de IED, lo cual, según la industria, socava los esfuerzos para atraer nuevas inversiones.

En 2024, las autoridades hondureñas y el personal técnico del FMI llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre un conjunto de políticas y reformas integrales necesarias para completar la primera y la segunda revisión de los acuerdos de Honduras con el FMI en el marco del Servicio de Crédito Ampliado y el Servicio Ampliado del Fondo. El FMI evaluó que las autoridades hondureñas habían logrado avances «importantes» en materia de política fiscal, inversión pública y políticas monetarias y cambiarias.

Honduras emitió con éxito un bono soberano a 10 años por 700 millones de dólares en noviembre de 2024, y los inversionistas en bonos soberanos informan que los fundamentos macroeconómicos de Honduras son relativamente favorables. Al mismo tiempo, algunos altos funcionarios de la administración Castro han realizado declaraciones públicas negativas hacia el sector privado y, como resultado, la comunidad empresarial informa que esta retórica pública ha aumentado la incertidumbre macroeconómica, socavando aún más el clima de inversión.

Muchos representantes de la comunidad internacional de inversionistas citan algunos ejemplos de políticas que han hecho que el clima de inversión en Honduras sea menos atractivo, incluyendo la derogación de la ley de empleo por hora en abril de 2022, bajo la cual todos los empleados hondureños ahora deben ser asalariados, eliminando prácticas de contratación flexibles vitales para el trabajo de temporada; una ley de energía de mayo de 2022, que contiene disposiciones que los productores de energía entienden que autorizan la expropiación de inversiones energéticas si el gobierno no puede renegociar los acuerdos de compra de energía; y la retirada del gobierno del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Convenio del CIADI) el 25 de agosto de 2024. Los inversionistas informan que la decisión del gobierno de declarar inconstitucionales las zonas económicas especiales «ZEDE» del país el 20 de septiembre de 2024, ha contribuido a la incertidumbre en el compromiso del gobierno con las protecciones a las inversiones.

Límites al control extranjero y derecho a la propiedad privada y al establecimiento

La Ley de Inversiones de Honduras no limita la propiedad extranjera de empresas, excepto aquellas específicamente reservadas para inversionistas hondureños, incluyendo pequeñas empresas con capital inferior a $6,300 y el sector del transporte aéreo nacional. Para todas las inversiones, al menos el 90% de la fuerza laboral de una empresa debe ser hondureña, y las empresas deben pagar al menos el 85% de sus nóminas a hondureños.

Se requiere la participación mayoritaria de ciudadanos hondureños para las empresas del sector pesquero comercial, forestal, transporte local, radio, televisión o que se beneficien de la Ley de Reforma Agraria.

No existe un proceso de selección ni aprobación específico para la inversión extranjera directa en Honduras. Los inversionistas extranjeros están sujetos a los mismos requisitos de aprobación ambiental y regulatoria que los inversionistas nacionales.

Según la ley, los inversionistas pueden establecer, adquirir y enajenar empresas a precios de mercado en condiciones libremente negociadas sin intervención gubernamental. Sin embargo, algunos operadores comerciales extranjeros reportan dificultades para cerrar negocios.

Las empresas privadas generalmente compiten de manera justa con las empresas públicas en acceso al mercado, crédito y otras operaciones comerciales.

Los inversionistas extranjeros tienen derecho a la propiedad, sujeto a ciertas restricciones establecidas por la Constitución hondureña y diversas leyes relacionadas con los derechos de propiedad. Los inversionistas pueden adquirir, obtener beneficios, usar y enajenar bienes inmuebles, con excepción de terrenos dentro de un radio de 40 kilómetros (aproximadamente 25 millas) de las fronteras y costas internacionales.

Sin embargo, la ley hondureña permite a los extranjeros comprar propiedades cerca de la costa en «zonas turísticas» designadas.

Actualmente, el gobierno no cuenta con un proceso para evaluar la inversión extranjera directa entrante. Tampoco existe un proceso formal para identificar proyectos estratégicos que requieran una revisión adicional antes de aprobar la inversión extranjera.

Otras revisiones de políticas de inversión

La Organización Mundial del Comercio (OMC) realizó su cuarto examen de la política comercial de Honduras en 2023. El Banco Interamericano de Desarrollo apoyó un estudio para el diseño de un nuevo sistema de promoción de inversiones para Honduras en 2023.  

Facilitación de negocios

El Gobierno de Honduras ha trabajado para simplificar los trámites administrativos para la constitución de empresas en los últimos años, incluyendo la posibilidad de realizar numerosos trámites en línea. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Económico lanzó un portal de ventanilla única para el registro de empresas que operan en una zona franca, además de una guía para inversionistas que explica los trámites necesarios para iniciar un negocio, acogerse a un régimen especial y realizar actividades de exportación e importación en Honduras. La iniciativa del portal se llevó a cabo con la colaboración de grupos del sector privado que representan al sector manufacturero hondureño y utilizando un modelo desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, las pequeñas y medianas empresas pueden utilizar el sitio web eRegulations , que proporciona información sobre el registro de empresas, incluyendo:    

  • honorarios,
  • agencias, y
  • documentos requeridos

A menos que se apruebe la reforma fiscal propuesta, que elimina las zonas francas (ZOLI) para nuevas inversiones, las empresas que deseen operar en ellas pueden utilizar el Portal Ciudadano SOL .

Los avisos de contratación del Gobierno de Honduras, realizados por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE), se pueden encontrar en la plataforma electrónica de contratación Honducompras . Los funcionarios del Gobierno de Honduras han expresado su interés en ampliar la digitalización de los procesos comerciales, de importación, de permisos y licencias, y de tributación en todo el gobierno para aumentar la eficiencia y la transparencia.    

El Gobierno de Honduras participa en el Acuerdo de la OMC sobre Facilitación de las Inversiones para el Desarrollo, junto con más de 100 miembros de la OMC, cuyo objetivo es mejorar el clima global de inversión y negocios, así como facilitar la inversión en todos los sectores. Al mismo tiempo, los inversionistas informan que los trámites burocráticos y la solicitud de sobornos para obtener la aprobación gubernamental de actividades de inversión siguen siendo comunes, especialmente a nivel local y en ciertos ministerios.

Inversión en el exterior

Honduras no promueve ni incentiva la inversión extranjera. El gobierno tampoco restringe la inversión de inversionistas nacionales en el extranjero.

Sección 2.

Tratados de inversión y tributación

En 2001 entró en vigor un tratado bilateral de inversión (TBI) entre Estados Unidos y Honduras. El Tratado de Amistad, Comercio y Derechos Consulares entre Estados Unidos y Honduras (1928) preveía el trato de Nación Más Favorecida para los inversionistas de ambos países. El CAFTA-DR sustituye la mayoría de las disposiciones de estos acuerdos.

Las disposiciones sobre inversión están incluidas en los tratados de libre comercio entre Honduras y:

  • Estados Unidos,
  • Canadá,
  • Chile,
  • Costa Rica,
  • El Salvador,
  • Guatemala,
  • México,
  • Nicaragua,
  • Panamá,
  • Perú,
  • la República Dominicana,
  • Colombia,
  • República de Corea, y
  • la Unión Europea

Estos acuerdos sustituyen muchas de las disposiciones de los TBI de Honduras con estos países. Honduras y China están negociando activamente un tratado de libre comercio (TLC) y firmaron un acuerdo de resultados anticipados el 7 de febrero de 2024.

Honduras también tiene TBIs con:

  • Cuba,
  • Ecuador,
  • Francia,
  • Alemania,
  • España,
  • Kuwait,
  • el Reino Unido,
  • Países Bajos,
  • la República de Corea, y
  • Suiza

Honduras mantiene un Acuerdo Comercial Preferencial con Venezuela.

Tras la decisión del gobierno hondureño de reconocer a China en marzo de 2023, los exportadores a Taiwán informaron que el gobierno rescindió sus certificados de origen, necesarios para importar a Taiwán en virtud del TLC entre Honduras y Taiwán.
La autoridad fiscal oficial de Honduras es el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

Sección 3.

Régimen jurídico

Transparencia del Sistema Regulatorio

El Gobierno de Honduras ha avanzado en el desarrollo de ventanillas únicas digitales para consolidar el proceso de solicitud y aprobación, por ejemplo, para empresas que se registran en una zona franca.

Según se informa, estas medidas han permitido una mayor transparencia en el sistema regulatorio. Sin embargo, tanto las empresas estadounidenses como las hondureñas expresan inquietudes respecto a la transparencia de las políticas y la eficacia de las leyes para fomentar la competencia en el mercado.

Esta falta de claridad supuestamente se debe a la excesiva complejidad y, en ocasiones, a la superposición de facultades otorgadas a múltiples entidades del Gobierno de Honduras para aprobar permisos para inversionistas extranjeros.

Los problemas persistentes relacionados con la corrupción también obstaculizan la transparencia de las oportunidades de inversión, según los inversionistas. Honduras carece de un código legal indexado, por lo que abogados y jueces deben mantener sus propias bibliotecas de publicaciones jurídicas.

Si bien la mayoría de las regulaciones son a nivel nacional, también existen regulaciones a nivel municipal. Estas entidades varían considerablemente en cuanto a cómo responden a las inversiones extranjeras y sus requisitos para la concesión de permisos.

Las inversiones extranjeras en los sectores de minería, energía, salud, telecomunicaciones, transporte aéreo, agricultura, silvicultura y educación generalmente requieren la aprobación del Gobierno de Honduras mediante permisos.

Muchos inversionistas estadounidenses han reportado largos períodos de espera para permisos ambientales y otras aprobaciones regulatorias y legislativas. Generalmente, las empresas informan que los requisitos regulatorios son complejos y prolongados, y vulnerables a la búsqueda de rentas y la percepción de corrupción debido a la debilidad de las instituciones. Las aprobaciones regulatorias requieren la intervención del Congreso si el período excede un mandato presidencial de cuatro años. La normativa vigente está disponible en el sitio web eRegulations del gobierno hondureño .  

No existe ninguna obligación legal de que el gobierno solicite comentarios públicos sobre las propuestas de cambios regulatorios o reformas legales. Se entiende generalmente que un cambio legal o regulatorio no entra en vigor hasta que el Gobierno de Honduras publique las regulaciones aprobadas en el Diario Oficial, que representa el lugar centralizado para las acciones legislativas y regulatorias.

Los comentarios públicos recibidos por los reguladores no se publican. Si bien Honduras cuenta con un sistema para el desarrollo de regulaciones gubernamentales, los inversionistas informan que estas regulaciones no siempre se desarrollan de forma transparente ni con la participación del sector privado o de grupos de la sociedad civil.

El CAFTA-DR exige que los gobiernos anfitriones publiquen las regulaciones propuestas que podrían afectar a las empresas o las inversiones. Honduras logró avances significativos en 2019 y 2020 en relación con la publicación y disponibilidad de información en el marco del CAFTA-DR. Honduras notificó las disposiciones técnicas del Artículo 1, según los requisitos del CAFTA-DR, y la Administración de Aduanas (ADUANAS) y la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) han mejorado la publicación de regulaciones a través de sus portales oficiales en línea.

Consideraciones regulatorias internacionales

Honduras es miembro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), junto con:

  • Costa Rica,
  • El Salvador,
  • Guatemala,
  • Nicaragua,
  • Panamá,
  • Belice, y
  • la República Dominicana

Bajo la Secretaría de Integración Económica (SIECA) del SICA, Honduras y Guatemala negociaron una unión aduanera en 2017. La SIECA también apoya la expansión de esta unión aduanera para incluir a El Salvador.

El artículo 335 de la Constitución hondureña establece que «El Estado ordenará sus relaciones económicas externas sobre la base de la cooperación internacional justa, la integración económica centroamericana y el respeto a los tratados y acuerdos que suscriba, en cuanto no se opongan al interés nacional». Como miembro de la OMC, Honduras notifica todos los proyectos de reglamentos técnicos al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC.

Sistema jurídico e independencia judicial

Honduras cuenta con un sistema de derecho civil. El Código de Comercio, promulgado en 1950, regula las operaciones comerciales y se encuentra bajo la jurisdicción del sistema judicial civil hondureño. El Código de Procedimiento Civil, que entró en vigor en 2010, introdujo el uso de argumentos orales abiertos para los procedimientos contradictorios.

El Código de Procedimiento Civil protege las transacciones comerciales, los derechos de propiedad y la tenencia de la tierra. También estableció un proceso para la ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros.

El derecho mercantil y el derecho contractual se regulan mediante el Código de Comercio de 1950 y el Código Civil de 1909. Existen tribunales civiles donde se juzgan los casos mercantiles. También existen cámaras de arbitraje donde se resuelven las cuestiones relativas a los contratos con cláusula de arbitraje.

Existen frecuentes denuncias de corrupción en el poder judicial, tanto en tribunales locales como en casos ante la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema tiene vínculos familiares con el presidente de Honduras, y analistas y ONG han señalado que dichos vínculos generan dudas sobre la independencia del tribunal. Empresas estadounidenses denuncian favoritismo, presión externa y solicitud de sobornos dentro del sistema judicial. Resolver una disputa comercial o de inversión en los tribunales hondureños suele ser un proceso largo.

Los inversionistas extranjeros informan que la resolución de disputas suele implicar múltiples apelaciones y decisiones en diferentes niveles del sistema judicial hondureño. Cada decisión puede tardar meses o años, y las partes no suelen poder predecir el tiempo necesario para obtener una decisión.

Recientemente se ha introducido un sistema electrónico de gestión de casos con el apoyo del gobierno estadounidense para aumentar la transparencia y reducir la corrupción. Este sistema se está implementando gradualmente en los diferentes tribunales

. Las decisiones finales de los tribunales hondureños o de los paneles de arbitraje a menudo requieren la ejecución posterior de tribunales inferiores para surtir efecto, lo que requiere más tiempo. Los inversionistas extranjeros a veces prefieren resolver disputas con proveedores, clientes o socios extrajudicialmente, siempre que sea posible.

Los inversionistas reportan un mecanismo de resolución alternativa de disputas de alta calidad. El Decreto Legislativo (N.° 51-2011), Ley de Promoción y Protección de las Inversiones, promueve la resolución de disputas entre inversionistas mediante la mediación, la conciliación y el arbitraje, antes de recurrir al sistema judicial.

Leyes y Reglamentos sobre Inversión Extranjera Directa

La Ley de Promoción e Incentivos a la Inversión de Honduras exige que toda la inversión directa, tanto nacional como extranjera, se registre ante el Consejo Nacional de Inversiones. El artículo 22 de la ley garantiza el reconocimiento de los laudos resultantes de los procedimientos de arbitraje.

Declara que es legal que las partes de un contrato se sometan a la legislación extranjera y establece un régimen para la prevención de conflictos. El artículo 29 de esta ley establece que el arbitraje se reconoce como el mecanismo más eficiente para la resolución de conflictos y otorga a las partes acceso al arbitraje incluso cuando los contratos que se hayan firmado no contengan una cláusula de arbitraje.

Tras el registro, el Consejo Nacional de Inversiones emite certificados que afirman los derechos de arbitraje internacional bajo el CAFTA-DR. Un inversionista calificado que considere que el gobierno no ha cumplido con una obligación sustantiva bajo el CAFTA-DR puede buscar una resolución a través del mecanismo de solución de controversias del CAFTA-DR, como se detalla en el Capítulo de Inversiones. Los procedimientos y documentos de la reclamación generalmente se ponen a disposición del público.  

El Gobierno de Honduras requiere autorización para inversiones tanto extranjeras como nacionales en las siguientes áreas:

  • Servicios básicos de salud
  • Telecomunicaciones
  • Generación, transmisión y distribución de electricidad
  • Transporte aéreo
  • Pesca, caza y acuicultura
  • Explotación de los recursos forestales
  • Actividades agrícolas y agroindustriales que excedan los límites de tenencia de tierras establecidos por la Ley de Modernización Agraria de 1992 y la Ley de Reforma Agraria de 1974
  • Seguros y servicios financieros
  • Investigación, exploración y explotación de minas, canteras, petróleo y sustancias afines.

El Gobierno de Honduras ofrece un sistema integral para la creación de empresas en su sitio web Mi Empresa en Línea , que ayuda a los inversionistas nacionales e internacionales a presentar la información inicial para el registro mercantil y proporciona instrucciones paso a paso . Sin embargo, formalizar una empresa aún requiere acudir a la ventanilla de una cámara de comercio municipal para el registro y la obtención de permisos, un proceso que, según se informa, es vulnerable a la captación de rentas y la corrupción.    

Leyes de competencia y antimonopolio

La Comisión de Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC) es el organismo del gobierno hondureño que revisa las transacciones propuestas para detectar problemas de competencia. La Ley de Competencia de Honduras estableció la CDPC en 2005 como parte de la implementación del CAFTA-DR. El Congreso hondureño nombra a los miembros de la CDPC, que funciona como una comisión reguladora independiente.

Las leyes que otorgan a empresas individuales derechos exclusivos de distribución de bienes importados han creado monopolios artificiales en Honduras, obstaculizando la disponibilidad y elevando el precio de los bienes importados en el mercado hondureño.

Expropiación y Compensación

El gobierno hondureño tiene la facultad de expropiar propiedades con fines de reforma agraria o uso público. La Ley Nacional de Reforma Agraria establece que las tierras ociosas aptas para la agricultura pueden ser expropiadas y adjudicadas a personas indigentes y sin tierra a través del Instituto Nacional Agrario de Honduras. En 2013, el gobierno hondureño aprobó una ley sobre la recuperación y reasignación de concesiones de activos subutilizados. Tanto empresas locales como extranjeras han expresado su preocupación por la falta de precisión en la ley sobre qué se considera «subutilizado». El gobierno no ha publicado su reglamento de aplicación ni ha indicado planes para aplicarla contra ninguna empresa del sector privado.

La ley de energía de mayo de 2022 contiene disposiciones (artículos 4 a 6) que autorizan al Gobierno de Honduras a rescindir contratos o adquirir centrales eléctricas por un precio justo indefinido, ya sea cuando el Gobierno de Honduras y el propietario de la central no logren un acuerdo sobre la renegociación de un Contrato de Compra de Energía en ciertos sectores o cuando el Gobierno de Honduras determine, entre otros factores, que hacerlo redundará en interés público por razones de seguridad nacional. En mayo de 2024, el Gobierno de Honduras inició una intervención temporal, aunque continua, en virtud de la ley de energía de 2022 de Bonaca Electric Company (BELCO), una empresa privada hondureña de generación de energía, tomando el control de las operaciones para reducir los precios de la energía y mejorar el servicio al cliente. Expertos legales y productores de energía hondureños temen que, si una intervención temporal se vuelve permanente, el Gobierno de Honduras podría utilizar la ley de energía de 2022 como una amplia autoridad para expropiar centrales eléctricas privadas. El examen de las políticas comerciales de la OMC de 2023 evalúa que esta ley podría generar aún más incertidumbre entre los generadores privados y socavar la inversión en el sector de la generación.

Según se informa, la expropiación gubernamental de tierras propiedad de empresas estadounidenses es poco frecuente. La Sección 10.7 del Capítulo de Inversiones del CAFTA-DR establece que ninguna parte puede expropiar o nacionalizar una inversión cubierta, ya sea directa o indirectamente, con una excepción limitada por razones de utilidad pública que exige, entre otras cosas, una compensación pronta y adecuada. Según la Ley de Reforma Agraria, el gobierno hondureño debe compensar las tierras expropiadas en parte en efectivo y en parte mediante bonos del gobierno a 15, 20 o 25 años. La parte a pagar en efectivo no puede exceder los $1,000 si la tierra expropiada tiene al menos una edificación, ni los $500 si la tierra está en uso, pero no tiene edificaciones. Si la tierra no está en uso, el gobierno compensará íntegramente mediante bonos del gobierno a 25 años.

Las invasiones de tierras por parte de ocupantes ilegales, tanto de hondureños como de extranjeros, son cada vez más comunes, especialmente en zonas agrícolas. Estas invasiones se han vuelto más frecuentes en 2024, a menudo derivando en enfrentamientos violentos. Los propietarios de tierras en disputa han descubierto que recurrir a vías legales es costoso, lento e ineficaz para resolver estas disputas de propiedad y hacer cumplir las protecciones de propiedad para los propietarios legales.

Solución de controversias

Honduras ha ratificado la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York de 1958) y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Convención de Panamá). Honduras se retiró oficialmente del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio del CIADI) el 25 de agosto de 2024, convirtiéndose en el único país de Centroamérica que ha abandonado el CIADI. Esta retirada no afectará los derechos ni las obligaciones derivados del consentimiento de Honduras a la jurisdicción antes de su notificación de denuncia.

Solución de controversias entre inversores y Estados

El CAFTA-DR establece procedimientos de resolución de disputas entre Estados Unidos y Honduras. El mecanismo de resolución de disputas del Capítulo de Inversiones del acuerdo también permite a un inversionista que considere que el gobierno no ha cumplido con una obligación sustancial en virtud del CAFTA-DR solicitar un arbitraje internacional vinculante. Los procedimientos y documentos presentados para fundamentar la reclamación generalmente se ponen a disposición del público. El acuerdo ofrece protecciones básicas, como:

  • trato no discriminatorio,
  • límites en los requisitos de rendimiento,
  • la libre transferencia de fondos relacionados con una inversión,
  • protección contra la expropiación que no sea conforme al derecho internacional consuetudinario,
  • un estándar mínimo de tratamiento, y
  • la capacidad de contratar personal directivo clave independientemente de su nacionalidad

En los últimos 10 años, también se han presentado varias disputas comerciales interpuestas por personas o empresas estadounidenses que siguen sin resolverse. Si bien muchos de estos casos continúan en litigio, otros están pendientes de acuerdos finales entre el gobierno hondureño y las partes estadounidenses. La Procuraduría General de la República de Honduras se ha mostrado dispuesta a reunirse con personas y empresas estadounidenses para negociar una resolución a estos casos pendientes, pero las partes estadounidenses informan que las negociaciones suelen ser lentas y demoradas, o incluso terminadas unilateralmente por las autoridades del Gobierno de Honduras. Se ha informado que los procesos administrativos y judiciales también pueden demorar considerablemente. El Gobierno de Honduras también ha reconocido los daños y perjuicios concedidos a un inversionista y ha trabajado con la Procuraduría General de la República para establecer mecanismos de pago.

Arbitraje Comercial Internacional y Tribunales Extranjeros

La Ley de Conciliación y Arbitraje de Honduras, promulgada en el año 2000, describe los procedimientos de arbitraje y define los procedimientos bajo los cuales se llevan a cabo. La Ley de Inversiones permite a los inversionistas solicitar arbitraje directamente, lo que se considera un medio más rápido y económico para resolver disputas entre entidades comerciales. Los árbitros y mediadores pueden tener experiencia especializada en áreas técnicas involucradas en disputas específicas. Los tribunales locales reconocen y ejecutan los laudos arbitrales extranjeros emitidos contra el gobierno. Las sentencias de tribunales extranjeros también son reconocidas y ejecutables ante los tribunales locales.

Las siguientes organizaciones proporcionan información más localizada:

  • Cámara de Industria y Comercio de Tegucigalpa – Centro de Conciliación y Arbitraje
  • Cámara de Industria y Comercio de Cortés – Centro de Conciliación y Arbitraje
  • Cámara de Industria y Comercio de Atlántida – Centro de Conciliación y Arbitraje
  • Colegio de Abogados de Honduras – Centro de Conciliación y Arbitraje

Numerosos inversionistas estadounidenses y de otros países afirman que prefieren aprovechar los mecanismos alternativos de resolución de disputas, tanto internacionales como locales, debido a que el sistema judicial hondureño puede ser ineficiente, carece de transparencia y está sujeto a influencias políticas o corrupción. Los donantes internacionales han estado trabajando con el poder judicial y la fiscalía hondureña para intentar mejorar el sistema de justicia:

  • capacidades,
  • eficacia y
  • transparencia

Reglamento de Quiebra/Insolvencia

Las empresas que incumplen sus obligaciones en Honduras pueden declararse en quiebra. Un tribunal hondureño debe ratificar la quiebra para que sea efectiva. Estos casos están regulados por el Código de Comercio del país.

La sentencia judicial que declara la quiebra de la empresa establece el valor de los activos, el reconocimiento y la clasificación de los créditos, el procedimiento para la venta de activos y el calendario de pago de las obligaciones, en caso de que la empresa no pueda continuar sus operaciones. La sentencia debe publicarse en el Diario Oficial. La liquidación de empresas siempre es un asunto judicial, excepto en el caso de las instituciones bancarias, que son liquidadas por la Comisión Nacional de Banca y Seguros.

Cualquier acreedor o la propia empresa puede iniciar el procedimiento de liquidación, que generalmente es un asunto civil. El juez designa un liquidador para ejecutar el procedimiento. Un mecanismo que una empresa puede ejercer para evitar la quiebra es solicitar al juez una suspensión de pagos. Si el juez y los acreedores lo aprueban, la empresa podría llegar a un acuerdo con sus acreedores que permita al mismo consejo de administración mantener el control de la empresa.

Una empresa puede ser perseguida por declarar fraudulentamente la quiebra cuando el consejo de administración o los accionistas retiren sus bienes antes de la declaración, alteren los libros de contabilidad haciendo imposible determinar la situación real de la empresa o favorezcan a determinados acreedores otorgándoles beneficios a los que de otro modo no tendrían derecho.

Sección 4.

Políticas industriales

Incentivos a la inversión

Honduras ofrece una variedad de incentivos para atraer inversión extranjera directa, particularmente en sectores estratégicos como:

  • fabricación,
  • turismo, y
  • infraestructura

La Ley de Promoción y Protección de Inversiones ofrece beneficios como acuerdos de estabilidad que fijan las condiciones fiscales y regulatorias por hasta 15 años, así como un trato fiscal preferencial para proyectos estratégicos. La Ley de Incentivos Turísticos otorga exenciones fiscales, exenciones de aranceles de importación para materiales de construcción y otros beneficios fiscales para desarrollos turísticos que cumplan los requisitos. Otras medidas incluyen acceso a financiamiento mediante programas de crédito respaldados por el gobierno, trámites acelerados de permisos en parques industriales designados y menores costos de arrendamiento de terrenos para proyectos que cumplan con los objetivos de desarrollo estratégico.

Honduras ha implementado históricamente numerosos programas de incentivos fiscales que, según el tipo de negocio, pueden eximir del pago de impuestos sobre la renta, ventas y/o municipales, además de los aranceles aduaneros. Estos incentivos deberían aplicarse de manera uniforme tanto a inversionistas nacionales como extranjeros que cumplan con los requisitos necesarios.

Honduras cuenta con asociaciones público-privadas (APP) activas, especialmente para proyectos de interés nacional. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno hondureño ha dado señales contradictorias sobre qué APP está dispuesto a apoyar.

Por ley, los incentivos a la inversión se aplican de manera uniforme dentro de cada marco jurídico. Sin embargo, en la práctica, ciertos beneficios —en particular los relacionados con el acceso a terrenos, el apoyo a infraestructuras o las concesiones para proyectos específicos— pueden negociarse individualmente, lo que resulta en una aplicación individualizada incluso dentro del mismo sector.

Zonas de Comercio Exterior/Puertos Libres/Facilitación del Comercio

Históricamente, el gobierno hondureño ha ofrecido cuatro estructuras principales con ventajas fiscales para incentivar la inversión en Honduras:

  • la Zona de Libre Comercio (ZOLI),
  • la Zona Franca de Turismo (ZOLITUR),
  • la Zona Industrial de Procesamiento para la Exportación (ZIP), y
  • la Ley de Importación Temporal (RIT)

Según el Consejo Nacional de Inversiones de Honduras, Honduras ya no otorga licencias ZOLITUR ni ZIP. En octubre de 2024, la presidenta Xiomara Castro reiteró su solicitud al Congreso Nacional para que aprobara la Ley de Justicia Fiscal, presentada por primera vez en marzo de 2023. De aprobarse, la Ley de Justicia Fiscal eliminaría las exenciones fiscales actuales, las reemplazaría con regímenes menos complejos y cerraría las lagunas fiscales que benefician a las grandes corporaciones. El proyecto de ley también limitaría los incentivos fiscales a 20 años en casos limitados y abriría las zonas francas a los inversionistas nacionales.

Las ZOLI y las ZIP ofrecen a los inversores extranjeros incentivos arancelarios y fiscales para la manufactura destinada exclusivamente a la exportación. Las siguientes ciudades han sido designadas como zonas francas:

  • Puerto Cortés,
  • Omoa,
  • Coloma,
  • Tela,
  • La Ceiba, y
  • Amapala

Históricamente, Honduras ha permitido el establecimiento de ZIP en cualquier parte del país. A partir de marzo de 2025, los ZIP se ubican en:

  • Coloma,
  • Búfalo,
  • La Lima,
  • San Pedro Sula,
  • Tegucigalpa, y
  • Villanueva

Las empresas que operan en las Zonas Postales (ZIP) están exentas del pago de derechos de importación y otros cargos sobre bienes y equipos de capital. El RIT permite a los exportadores introducir materias primas, repuestos y equipos de capital (excepto vehículos) en Honduras exentos de recargos y derechos aduaneros, siempre que el fabricante incorpore el insumo en un producto para la exportación (hasta un 5 % puede venderse localmente). Actualmente, el RIT expira a finales de 2025. Si el RIT termina, los equipos y materiales que se introduzcan bajo este régimen deberán ser nacionalizados y estar sujetos a los impuestos correspondientes. Puede obtener más información sobre estos programas de incentivos en el Consejo Nacional de Inversiones .  

En septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) de Honduras y aplicó la decisión retroactivamente a su creación. Las ZEDE eran, en gran medida, zonas económicas autónomas creadas por el Congreso Nacional en 2013. En diciembre de 2022, los propietarios de una ZEDE presentaron una demanda de arbitraje por casi 11 mil millones de dólares ante el CIADI, alegando que las acciones del gobierno violaron las obligaciones de Honduras en virtud del CAFTA-DR y otros acuerdos internacionales. El caso sigue pendiente.

Honduras ratificó el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en julio de 2016, comprometiéndose a agilizar el movimiento, el levante y el despacho de mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. El AFC también establece medidas para una cooperación eficaz entre las aduanas y otras autoridades competentes en materia de facilitación del comercio y cumplimiento aduanero. Según la base de datos del AFC de la OMC, la tasa actual de cumplimiento de Honduras de los compromisos de notificación de la categoría A del AFC es del 58,4 %. El gobierno hondureño ha recibido asistencia técnica significativa del gobierno estadounidense para cumplir con los requisitos de cumplimiento en materia de publicación, notificación, resoluciones anticipadas, cooperación entre organismos fronterizos y el establecimiento de un comité nacional de facilitación del comercio. Honduras, Guatemala y El Salvador operan una unión aduanera trilateral para fomentar y aumentar la eficiencia del comercio transfronterizo, pero persisten los desafíos de implementación. Honduras utiliza permisos de importación digitalizados para productos agrícolas a fin de reducir costos y tiempos de despacho. Honduras y Guatemala también utilizan un protocolo de inspección previa a la llegada en línea para reducir los tiempos fronterizos y los costos de tránsito de las mercancías.

Con el apoyo de Estados Unidos, el Gobierno de Honduras ha impulsado diversas iniciativas para facilitar el comercio y reducir los tiempos y costos de despacho en las principales fronteras terrestres y marítimas. El uso de tabletas de alta especificación por parte de Aduanas (Aduanas) en Puerto Cortés ha reducido los tiempos de despacho en más de un 30 % y ha generado ahorros de más de 15 millones de dólares para operadores del sector privado. Se prevé la expansión del uso de tabletas de alta especificación a El Amatillo (frontera terrestre con El Salvador) y La Mesa (Aduana del aeropuerto de San Pedro Sula). Un manual de inspecciones simplificado que será adoptado por Aduanas y el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), así como desarrollos informáticos adicionales para integrar los sistemas de inspección de Aduanas y SENASA, contribuirán a la reducción de tiempos y costos en los principales cruces fronterizos terrestres y marítimos. Las agencias gubernamentales hondureñas encargadas de la inspección y el despacho de productos agrícolas, alimentos procesados ​​y medicamentos también han avanzado en la agilización del proceso de despacho de importación y han implementado portales en línea para la obtención de permisos de importación, gracias a la asistencia de Estados Unidos.
Muchas empresas estadounidenses que operan en Honduras se benefician del marco comercial del CAFTA-DR. Actualmente, se produce un importante comercio intraindustrial en textiles y maquinaria eléctrica, además de la continuidad del comercio de exportaciones hondureñas tradicionales, como el café y el banano.

Requisitos de rendimiento y localización de datos

El gobierno hondureño fomenta la contratación local por parte de los inversionistas extranjeros y el uso de contenido nacional, especialmente en los sectores manufacturero y agrícola. El Artículo 137 de la Constitución hondureña exige que al menos el 90 % de los empleados sean ciudadanos hondureños y que estos reciban al menos el 85 % de la nómina total.

El gobierno y los tribunales hondureños pueden exigir a los inversionistas extranjeros y nacionales que operan en Honduras la entrega de datos para su uso en investigaciones penales o procedimientos civiles. Las autoridades hondureñas, los fiscales y los tribunales civiles tienen la facultad de realizar dichas solicitudes.

Sección 5.

Protección de los derechos de propiedad

Bienes inmuebles

Según se informa, los trámites de títulos de propiedad en Honduras son particularmente difíciles para los inversionistas estadounidenses, dada la superposición de autoridades dentro del Gobierno de Honduras y un proceso de titulación en papel, donde los archivos archivados suelen ser difíciles de localizar y autenticar, lo que dificulta confirmar al verdadero titular. Además, se estima que aproximadamente el 80% de los terrenos privados en Honduras no tienen título de propiedad o lo tienen de forma incorrecta. El seguro de título de propiedad está disponible en Honduras, aunque no se adquiere ampliamente. Los inversionistas estadounidenses deben procurar trabajar únicamente con profesionales legales y de bienes raíces acreditados al realizar transacciones inmobiliarias. El Registro Nacional de la Propiedad es administrado por el Instituto de la Propiedad, aunque la información catastral de la propiedad es administrada por el Instituto de Topografía. Estos dos registros no siempre han estado alineados, lo que ha dado lugar a disputas legales en materia de propiedad. Actualmente se están tomando medidas para conciliar ambas listas. Sin embargo, si una persona ha tenido posesión ininterrumpida y pacífica de una propiedad durante más de 20 años, puede, sin un título de propiedad justo, solicitar la prescripción adquisitiva de dicha propiedad ante los tribunales.

Las disputas por tierras que resultan en ocupaciones en Honduras han seguido aumentando año tras año, alcanzando un punto crítico en ciertas zonas rurales del país. Algunas empresas estadounidenses luchan contra invasiones de tierras tanto por parte de grupos » campesinos « que reclaman títulos de propiedad como de grupos criminales armados, y denuncian la escasa respuesta de las autoridades locales y las fuerzas del orden ante estas incursiones. Según se informa, la resolución de disputas de propiedad en los tribunales lleva años. Existen denuncias de corrupción generalizada en la venta de tierras, la presentación de escrituras y la resolución de disputas, incluyendo demandas contra abogados, empresas inmobiliarias, jueces y funcionarios locales. Si bien Honduras ha logrado ciertos avances, el sistema de registro de la propiedad se percibe como poco fiable y una limitación para la inversión. Además, los inversores señalan que la falta de normativa de aplicación provoca largas demoras en la concesión de títulos de propiedad en algunas regiones.

La legislación hondureña reconoce las garantías reales sobre bienes muebles e inmuebles. La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) y la Cámara de Comercio e Industria del Sur (CCIS) administran sus propios registros mercantiles. El derecho de la CCIT, la CCIC y la CCIS a administrar sus propios registros mercantiles se deriva de una concesión en la ley hondureña de operaciones garantizadas.

Propiedad intelectual

Honduras se menciona pero no figura en el Informe Especial 301 de 2025 del Representante Comercial de los Estados Unidos. Honduras no se menciona en la Revisión de 2024 de los Mercados Notorios de Falsificación y Piratería del USTR.

El marco legislativo hondureño para la protección de los derechos de propiedad intelectual (PI) ofrece medidas disuasorias contra la piratería y la falsificación al exigir la incautación, el decomiso y la destrucción de los productos falsificados y pirateados, así como del equipo utilizado para producirlos. La ley también contempla indemnizaciones legales por infracciones de derechos de autor y marcas registradas, para garantizar que se otorguen daños monetarios incluso cuando las pérdidas asociadas con una infracción sean difíciles de asignar. Este marco legislativo, que incluye la ley hondureña de derechos de autor y su ley de propiedad industrial, es, según se informa, generalmente adecuado para la protección legal, pero los expertos de la industria dicen que estas leyes se aplican de manera deficiente. Honduras ha promulgado legislación para implementar sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La ley hondureña protege la exclusividad de los datos durante un período de cinco años y protege las patentes de proceso, pero no reconoce las patentes de segundo uso. El Instituto de la Propiedad y el Ministerio Público se encargan de la protección y la aplicación de la PI. Durante el último año no se han promulgado nuevas leyes ni reglamentos relacionados con la propiedad intelectual y actualmente el gobierno no está impulsando ninguna reforma nueva.

El Capítulo 15 del CAFTA-DR sobre Derechos de Propiedad Intelectual también contempla la protección y el cumplimiento de diversos derechos de propiedad intelectual, en consonancia con las normas estadounidenses e internacionales. También incluye disposiciones para la disuasión de la piratería y la falsificación. Asimismo, el CAFTA-DR otorga a las autoridades la facultad de confiscar productos pirateados e investigar casos de propiedad intelectual por iniciativa propia.

Existen preocupaciones respecto de la protección y aplicación de la propiedad intelectual en Honduras, incluso con respecto a:

  • Piratería en línea y de software,
  • la piratería de señales de cable y
  • la distribución y venta de productos falsificados y pirateados

Honduras continúa presentando una de las tasas más altas de piratería de señales en América Latina y el Caribe. Se informa que la piratería digital está generalizada y con frecuencia es ignorada en Honduras, especialmente por las empresas de telecomunicaciones. También existe la preocupación de que un importante proveedor estatal de cable del país ofreciera programación sin licencia y esté utilizando ese contenido pirateado para expandir su participación de mercado. La Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual no investigará un caso a menos que reciba una denuncia de un titular de derechos. Supuestamente, los titulares de derechos no presentan denuncias porque no quieren lidiar con el proceso burocrático o temen perder negocios. Además, las sentencias por delitos contra la propiedad intelectual siguen siendo ineficaces para disuadir futuras violaciones. En 2024, cuatro compañías de cable fueron multadas con aproximadamente $5,000 cada una por piratería de señales.

Sección 6.

Sector financiero

Mercados de capitales e inversión de cartera

No existen restricciones gubernamentales al acceso de los inversores extranjeros a los mercados de crédito locales, aunque el sistema bancario local generalmente sólo otorga cantidades limitadas de crédito.

Existe un número limitado de instrumentos de crédito disponibles en el mercado local. La única bolsa de valores que opera en el país es la Bolsa Centroamericana de Valores (BCV) en Tegucigalpa, pero los inversionistas deben ser cautelosos antes de comprar valores cotizados en ella. Supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, el BCV ofrece teóricamente instrumentos para negociar aceptaciones bancarias, contratos de recompra, pagarés a corto plazo, bonos de conversión de deuda privada del gobierno hondureño y bonos de amortización de la reforma agraria. En la práctica, sin embargo, el BCV se compone casi en su totalidad de valores gubernamentales a corto y mediano plazo, y no existe un mercado secundario formal para estos bonos.

Algunos bancos han ofrecido bonos a tasa fija y variable con vencimientos de hasta tres años, pero fuera de las emisiones bancarias, el sector privado no vende deuda ni acciones corporativas en la bolsa. Cualquier empresa privada puede negociar sus instrumentos financieros en el BCV, y las firmas que participan están sujetas a un riguroso proceso de selección, que incluye la divulgación pública de información y la calificación de una agencia de calificación reconocida. Históricamente, la mayoría de las firmas que cotizan en bolsa han tenido vínculos económicos con otros grupos empresariales y financieros representados como accionistas de la bolsa. Como resultado, se informa que las prácticas de gestión de riesgos son laxas y la confianza pública en la institución es limitada.

La Alianza Público-Privada Hondureña, CONFIANZA, opera desde 2015 y otorga garantías de préstamos a la banca regional para facilitar el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Honduras. CONFIANZA administra seis fondos para sectores específicos de la economía y colabora con más de 40 instituciones financieras en Honduras.

Sistema monetario y bancario

El sistema financiero hondureño está compuesto por:

  • bancos comerciales,
  • bancos estatales,
  • instituciones de ahorro y préstamo, y
  • empresas financieras

Actualmente, en Honduras operan 15 bancos comerciales y nueve grupos financieros. Si bien el acceso al crédito sigue siendo limitado, el sector financiero es una fuente de estabilidad económica. Honduras cuenta con un Banco Central y un regulador bancario profesional, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Sin embargo, se informa que estas instituciones carecen de independencia y operan en un contexto politizado. No existe banca offshore ni tecnología blockchain local en Honduras.

Divisas y remesas

Divisas

En principio, la Ley de Inversiones garantiza a los inversionistas extranjeros el acceso a las divisas necesarias para transferir los fondos asociados a sus inversiones en Honduras, incluyendo:

  • Importaciones de bienes y servicios necesarios para operar
  • Pago de regalías, rentas, anualidades y asistencia técnica
  • Remisión de dividendos y repatriación de capital

En la práctica, el acceso de los inversionistas a dólares está restringido por el Banco Central. La decisión de Honduras de mantener tasas de interés artificialmente bajas en comparación con la región y un tipo de cambio fijo generó una gran demanda de dólares que condujo a controles cambiarios por parte del Banco Central. Si bien Honduras ha ajustado estas políticas, las empresas continúan reportando dificultades para obtener suficientes divisas, y muchas compañías estadounidenses citan la continua dificultad para comprar dólares del Banco Central como uno de los principales problemas que les impiden seguir invirtiendo. Las empresas deben presentar facturas y muchas se quejan de que solo se les otorga un pequeño porcentaje del total que necesitan cada día. Casi todas las empresas no pueden recibir cambio de divisas para el pago de regalías, rentas, anualidades o la remisión de dividendos y la repatriación de capital.

Políticas de remesas

Si bien la Ley de Inversiones garantiza a los inversionistas el derecho a remitir los rendimientos de sus inversiones y, en caso de liquidarlas, el capital principal invertido, los estrictos controles cambiarios actuales lo impiden. El Banco Central no ofrece servicios de cambio de divisas para este fin. Estas operaciones de cambio están sujetas al mismo proceso y regulación cambiaria que otras transacciones.

Fondos soberanos de riqueza

Honduras no cuenta con un fondo soberano de riqueza.

Sección 7.

Empresas estatales

La mayoría de las empresas estatales se dedican a telecomunicaciones, electricidad, agua, correos, hospitales, ferrocarriles, banca y puertos comerciales. No existe una lista publicada de empresas estatales hondureñas. La principal compañía telefónica estatal hondureña, Hondutel, tiene contratos privados con ocho operadores nacionales y extranjeros. El Gobierno de Honduras aún no ha establecido un marco legal para que las empresas extranjeras obtengan licencias y concesiones para ofrecer llamadas de larga distancia e internacionales. En consecuencia, los inversores aún no tienen claro si podrán convertirse en proveedores de servicios de telecomunicaciones totalmente independientes.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), propiedad del estado, es la principal causante del déficit fiscal del país. La ENEE pierde alrededor de 50 millones de dólares mensuales y su deuda supera el 10 % del PIB de Honduras. Gran parte de esa deuda se debe a atrasos en los pagos a los productores de energía, y algunos productores privados no han recibido el pago durante más de un año. Según la legislación hondureña, los productores se enfrentan a la posibilidad de una «intervención», un tipo de expropiación temporal por incumplimiento de los contratos gubernamentales. Esta amenaza, sumada al impago sistemático de facturas, desincentiva nuevas inversiones. Sin una inversión adecuada, la demanda de electricidad en Honduras excede sistemáticamente la capacidad instalada, lo que obliga a la ENEE a depender de la energía de respaldo generada por generadores diésel de alto precio y de compras en el mercado regional. En particular, al final de la estación seca, en junio y julio, cuando disminuye la generación de las centrales hidroeléctricas, los apagones en todo el país son comunes. El subsector eléctrico enfrenta graves problemas estructurales, incluyendo altas pérdidas en el sistema eléctrico, tanto técnicas, causadas por infraestructuras de transmisión y distribución inadecuadas, como no técnicas, causadas por la falta de profesionalización de algunos elementos del personal técnico de la ENEE. Los contratos de compraventa de energía (PPA) suelen tener precios excesivos, ya que en el pasado se adjudicaron directamente a empresas con conexiones políticas, situación que la ENEE intenta corregir mediante la renegociación de los PPA. Muchas empresas han instalado sistemas de generación de energía in situ o, a pesar de la prohibición de los PPA privados, han firmado un acuerdo para recibir energía de dichos sistemas de generación para complementar o sustituir la energía de la ENEE debido a los frecuentes apagones y las elevadas tarifas.
La legislación hondureña otorga a los municipios el derecho a gestionar la distribución de agua y a otorgar concesiones a empresas privadas. Entre las principales ciudades con concesiones público-privadas se incluyen:

  • San Pedro Sula,
  • Puerto Cortés, y
  • Coloma

El Servicio Nacional Autónomo de Acueducto y Alcantarillado (SANAA), la autoridad estatal del agua, gestiona la distribución de agua en Tegucigalpa. La persistente escasez de agua es otra limitación para la empresa privada en Honduras, especialmente durante la temporada seca.

La Empresa Portuaria Nacional de Honduras (ENP) es la organización estatal que supervisa la gestión de los puertos marítimos operados por el gobierno del país, incluidos:

  • Puerto Cortés,
  • La Ceiba,
  • Puerto Castilla, y
  • San Lorenzo

Las empresas privadas Operadores Portuarios Centroamericanos y Puertos Marítimos de Honduras tienen concesiones por 30 años para operar instalaciones de transporte de contenedores y graneles en el principal puerto de Honduras, Puerto Cortés.

Honduras cuenta con dos bancos estatales:

  • el Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario (BANADESA), y
  • Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)

Programa de privatización

El gobierno hondureño no busca privatizar empresas estatales y, de hecho, ha aprobado reformas legales para darle al gobierno una autoridad más amplia para hacerse cargo de empresas privadas, específicamente a través de la ley de reforma energética de mayo de 2022.

Sección 8.

Corrupción

Empresas y ciudadanos estadounidenses denuncian que la corrupción en el sector público y el poder judicial constituye una limitación importante para la inversión en Honduras. Históricamente, la corrupción ha sido generalizada en:

  • contrataciones públicas,
  • expedición de permisos gubernamentales,
  • aduanas,
  • transacciones inmobiliarias (en particular transferencias de títulos de propiedad),
  • requisitos de rendimiento y
  • el sistema regulatorio

Honduras ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) en diciembre de 2005. El gobierno de Castro continúa negociando con la ONU el establecimiento de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), dirigida por la ONU. Honduras ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción (Convención de la OEA) en 1998.

Sección 9.

Entorno político y de seguridad

Los índices de delincuencia y violencia siguen siendo altos, lo que encarece y desincentiva la inversión. Las manifestaciones son frecuentes en Honduras y la incertidumbre política amenaza la estabilidad. Grupos colectivos , afiliados al partido gobernante , han interrumpido las actividades comerciales, incluso en centros médicos. En un par de casos, los grupos se han vuelto violentos.

Aunque la delincuencia violenta sigue siendo un problema persistente, Honduras ha reducido los homicidios a menos de 40 por cada 100.000 habitantes. Los casos de violencia, extorsión y secuestro siguen siendo comunes, sobre todo en las zonas urbanas donde la presencia de pandillas es más generalizada. El gobierno ha establecido un estado de excepción desde diciembre de 2022, suspendiendo los derechos constitucionales en 17 de los 18 departamentos de Honduras. Los narcotraficantes siguen utilizando Honduras como punto de tránsito para la cocaína y otros narcóticos con destino a Estados Unidos y Europa, lo que alimenta las disputas territoriales locales en algunas zonas e inyecta fondos ilícitos en los procesos judiciales para distorsionar la justicia. Históricamente, el sector empresarial había sido blanco de secuestros extorsivos, pero el número de estos secuestros se redujo de 92 en 2013 a 15 en 2021, principalmente gracias al trabajo de la Unidad Nacional Antisecuestro de la Policía Nacional de Honduras, apoyada por el gobierno estadounidense. Aunque las tasas de delitos violentos tienden a disminuir, la corrupción y los delitos de cuello blanco, incluido el lavado de dinero, afectan negativamente la prosperidad económica y la estabilidad de la comunidad empresarial.

Sección 10.

Políticas y prácticas laborales

La Ley Laboral de Honduras prescribe una jornada laboral máxima de ocho horas, una semana laboral de 44 horas y al menos un período de descanso de 24 horas por semana. El Código de Trabajo establece feriados nacionales pagados y vacaciones anuales. La mayoría de los sectores de empleo también reciben dos bonos de un mes como parte del salario base, conocidos como el salario del decimotercer y decimocuarto mes, emitidos a mediados de diciembre y mediados de junio, respectivamente. Los nuevos empleados reciben una cantidad prorrateada en función del tiempo de servicio durante su primer año de empleo. El Código de Trabajo requiere que las empresas paguen un mes de salario a los empleados despedidos sin causa. Las empresas no deben indemnización por despido a los empleados que renuncian o son despedidos con causa. Los empleados despedidos con causa pueden impugnar la base del despido en los tribunales para reclamar la indemnización. No hay beneficios de desempleo proporcionados por el gobierno en Honduras, aunque las personas desempleadas pueden tener acceso a sus fondos de pensión acumulados.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (SETRASS) es responsable del registro de los convenios colectivos de trabajo. El Código del Trabajo prohíbe el empleo de menores de 14 años. Los menores de entre 14 y 18 años deben obtener un permiso especial de la SETRASS para trabajar. La mayoría de las infracciones a las disposiciones laborales del código de la infancia se producen en el sector agrícola y la economía informal.

Honduras cuenta con una importante economía informal, pero ha buscado incentivar a las empresas informales a formalizarse, incluyendo un proceso de registro consolidado gratuito para sus dueños. Sin embargo, muchos empresarios informales indican que la reducción de los incentivos fiscales de cinco a tres años y la excesiva complejidad del sistema tributario siguen disuadiendo a más empresas de formalizarse.

Si bien la legislación laboral hondureña se ajusta estrechamente a las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha expresado serias preocupaciones sobre la aplicación efectiva de las leyes laborales hondureñas. Las organizaciones laborales alegan que el SETRASS no aplica las leyes laborales, incluidas las leyes sobre:

  • el derecho a formar sindicatos,
  • reintegrar a los empleados despedidos injustamente por actividades sindicales,
  • trabajo infantil,
  • salarios mínimos,
  • horas de trabajo, y
  • seguridad y salud en el trabajo

Como se mencionó anteriormente, en abril de 2022, el presidente Castro firmó la derogación de la Ley de Empleo por Hora. Grupos laborales habían denunciado que algunos empleadores utilizaban contratos por hora para:

  • evitar la responsabilidad por despido,
  • Proporcionar beneficios a los empleados, y
  • impedir la formación de sindicatos

La derogación no estipuló el proceso para la transición de empleados por horas a asalariados, pero sí impidió el despido de empleados.

El Informe Nacional sobre Prácticas de Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE. UU. describe diversos problemas de cumplimiento de las normas laborales y de derechos humanos que afectan al mercado laboral hondureño. Entre ellos se incluyen:

  • discriminación antisindical por parte de los empleadores,
  • negativa a participar en la negociación colectiva, y

control patronal de los sindicatos

Sección 11.

Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC) y otros programas de seguros de inversión o financiación del desarrollo

En 2022, la DFC otorgó una garantía de cartera de préstamos por $7 millones a Lafise Bank para respaldar préstamos a pequeñas y medianas empresas (PYME) hondureñas que promueven la equidad de género y la inclusión, así como a empresas del sector salud. Lafise utilizó el 99.62% de la garantía a septiembre de 2024, otorgando $6.97 millones en crédito a 163 PYME, de las cuales 46 eran prestatarias primerizas. Además, la DFC aportó $181,500 en asistencia técnica a AgroMoney, una entidad crediticia hondureña para pequeñas y medianas empresas del sector agrícola. En septiembre de 2024, la DFC aprobó un préstamo directo de $230 millones a Ficohsa. Del monto total comprometido, $100 millones se desembolsaron en diciembre de 2024, con Citibank como coprestamista.

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