Tegucigalpa.– El Gobierno de Honduras solicitó que se investigue y se determinen las responsabilidades correspondientes por el caso de un menor de edad que presuntamente fue rapado por los creadores de contenido conocidos como “Soy Rosel” y “Urías Lobo”, supuestamente a cambio de 500 lempiras.
El caso ha generado fuertes reacciones en redes sociales y un debate sobre los límites que deben existir en la creación de contenido digital cuando se involucra a niños y adolescentes, especialmente ante situaciones que podrían afectar su dignidad, integridad y derechos.
La designada presidencial María Antonieta Mejía, quien además está al frente del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (Sigadenah), informó que solicitó activar la ruta institucional correspondiente para identificar al menor, conocer su entorno familiar y garantizar la restitución de sus derechos.
Mejía señaló que las instituciones competentes deberán establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades que correspondan de acuerdo con la legislación hondureña.
CSJ se pronuncia sobre protección de la niñez
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Isabela Bustillo, también reaccionó al caso y condenó cualquier acción que pueda vulnerar los derechos de niños y adolescentes.
Bustillo sostuvo que la imagen y dignidad de un menor no deben convertirse en mercancía ni estar condicionadas a una compensación económica, enfatizando que ningún beneficio de este tipo puede estar por encima de la integridad y el bienestar de la niñez.
Asimismo, manifestó el compromiso de trabajar de manera coordinada con los demás poderes e instituciones del Estado para fortalecer los mecanismos destinados a garantizar la protección de los menores.
Caso genera debate sobre contenido en redes sociales
La situación vuelve a colocar en discusión la responsabilidad que tienen los creadores de contenido al incluir a menores de edad en videos destinados a plataformas digitales.
También plantea interrogantes sobre los límites de este tipo de publicaciones, el consentimiento, la exposición pública de niños y adolescentes y las medidas necesarias para evitar contenidos que puedan menoscabar sus derechos.
Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y establecer, conforme al marco legal hondureño, si existen responsabilidades derivadas de las acciones denunciadas.
