Tegucigalpa. La posible no renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de hondureños en Estados Unidos amenaza con tener un impacto económico severo en Honduras. Expertos estiman que, de concretarse, el país podría dejar de recibir hasta 500 millones de dólares anuales en remesas, un flujo vital para miles de familias y un pilar clave de la economía nacional.
Según datos del Banco Central de Honduras, las remesas representan más del 20% del Producto Interno Bruto del país. Solo en el último año, estas transferencias superaron los 9 mil millones de dólares, siendo una fuente esencial de ingresos para más de un millón de hogares. El fin del TPS pondría en riesgo el estatus legal de aproximadamente 44,000 hondureños, muchos de los cuales han estado en Estados Unidos por más de dos décadas.
“La pérdida del TPS no solo amenaza la estabilidad de miles de compatriotas en el extranjero; también pondría en jaque la economía local, especialmente en zonas rurales donde las remesas son el único sustento,” advierte la economista Laura Cáceres, quien ha estudiado el impacto de la migración en la economía hondureña.
Organizaciones de defensa de migrantes y líderes comunitarios han intensificado los esfuerzos de cabildeo en Washington para extender el programa, argumentando que su eliminación tendría consecuencias humanitarias y económicas profundas tanto en EE. UU. como en los países de origen.
Mientras tanto, familias en Honduras miran con incertidumbre un futuro donde no solo podrían perder el apoyo de sus seres queridos, sino también la posibilidad de sostener sus economías locales.
