Tegucigalpa. Un nuevo capítulo se suma al escándalo del uso de fondos públicos en Copán. Documentos oficiales revelan que Ilsy Baquedano, asistente de la diputada Isis Cuéllar, y su cuñada Iris Paola Pérez Moreno recibieron contratos por más de 2.5 millones de lempiras de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para realizar labores de limpieza vial, pese a haber sido beneficiadas ese mismo año como personas en condición de vulnerabilidad por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Un reportaje publicado por Diario La Prensa señala que Baquedano y Pérez no solo tienen vínculos personales con la diputada Cuéllar, sino que también han accedido a múltiples beneficios estatales. Baquedano recibió L92,139.99 para la compra de equipo fotográfico, mientras que Pérez obtuvo L100,000 por la supuesta reparación de una vivienda. No obstante, según constataciones del mismo medio, ni sus condiciones económicas ni su estilo de vida reflejan verdaderas carencias.
Los contratos por servicios de limpieza fueron adjudicados mediante contratación directa en noviembre de 2024. A Baquedano se le asignaron 93.97 kilómetros en vías como la carretera CA-4 y la ruta 132; a Pérez Moreno, 104.42 kilómetros distribuidos en tramos del occidente del país, entre ellos La Entrada–Santa Rita y el acceso al parque arqueológico El Puente.
Ambas mujeres recibieron pagos de L1.25 millones: Baquedano el 14 de diciembre, y Pérez, el 16 del mismo mes. El origen del financiamiento fue la Unidad de Respuesta Rápida de Emergencias de la SIT, una instancia que usualmente opera bajo criterios de urgencia y flexibilidad.
Sin embargo, una inspección de campo realizada en los tramos asignados reveló serias irregularidades: presencia de baches, maleza sin remover y testimonios de residentes que aseguran que no se ha ejecutado ningún trabajo en esas vías. “Eso está igualito desde hace años”, comentó un mototaxista entrevistado por La Prensa.
Ambas aparecen registradas como proveedoras en el sistema de compras menores del Estado, lo que les permitió recibir contratos sin pasar por licitación pública. No obstante, sus antecedentes no incluyen experiencia en limpieza vial ni operación formal de empresa alguna en ese rubro. Consultados por el medio, ingenieros civiles indicaron que el monto podría ser justificado dependiendo del tipo de terreno, pero advirtieron sobre la falta de inspección técnica previa y deficiencias en el monitoreo de ejecución.
Baquedano, de 27 años, fue asistente directa de Cuéllar y forma parte de una familia que ha recibido beneficios de Sedesol en años anteriores. Por su parte, Pérez Moreno, proveniente de una familia acomodada de La Unión, Copán, reside en una zona de clase media-alta y mantiene vínculos con autoridades locales.
La controversia crece ante el doble beneficio estatal: primero como supuestas personas en situación de vulnerabilidad, luego como empresarias contratadas para ejecutar proyectos millonarios, cuya ejecución sigue sin evidencias claras.
Cortesía de La Prensa
