El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) emitió este martes un fuerte pronunciamiento respecto a los estándares de integridad en la función pública, señalando directamente el caso del abogado Marco Tulio Abadie, actual director ejecutivo de la Administración Aduanera. Según el organismo, el hecho de que un alto funcionario dirija una institución contra la cual mantiene una demanda legal activa representa una contradicción ética y un evidente conflicto de intereses.
El CNA enfatizó que todo nombramiento en la administración pública obliga al cumplimiento del Código de Conducta Ética del Servidor Público. Este marco legal exige evitar cualquier circunstancia donde intereses particulares comprometan la objetividad e independencia del cargo. Para el ente de sociedad civil, la coexistencia de intereses litigiosos contra el mismo Estado al que se sirve es incompatible con los principios de imparcialidad y rectitud que deben regir la gestión gubernamental en este 2026.
Asimismo, el organismo recordó la reciente directriz de la Procuraduría General de la República (PGR), que recomienda no contratar a personas con litigios pendientes contra el Estado, un criterio que debería aplicarse sin distinciones jerárquicas. En consecuencia, el CNA exhortó a los funcionarios en situaciones similares a desistir de sus acciones legales o separarse de sus cargos de manera inmediata para resguardar la institucionalidad. Finalmente, hicieron un llamado al Poder Ejecutivo para asegurar que los futuros nombramientos prioricen la ética y el interés general.
