Tegucigalpa, Honduras. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este jueves una denuncia formal ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en el manejo de más de 113.4 millones de lempiras provenientes de convenios suscritos entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Programa Red Solidaria y una organización no gubernamental.
Según el informe presentado por la ASJ, la organización receptora de los fondos fue la Asociación Jóvenes Metas, que recibió transferencias entre junio de 2024 y diciembre de 2025 para la ejecución de diversos proyectos sociales.
El director de Democracia y Transparencia de la ASJ, Juan Carlos Aguilar, explicó que el análisis realizado sobre la documentación oficial permitió identificar múltiples inconsistencias en la administración de los recursos públicos.
«Hubo una erogación de más de 113 millones de lempiras y, al sumar otras dependencias estatales, la cifra asciende a aproximadamente 137 millones de lempiras», detalló Aguilar.
Entre los principales hallazgos, la organización señala que los desembolsos se realizaron en un solo pago, incumpliendo las Disposiciones Generales del Presupuesto que establecen que los recursos deben entregarse de manera fraccionada y condicionada a la presentación de liquidaciones y avances de ejecución.
Asimismo, ASJ indicó que varios expedientes carecían de estudios de factibilidad, justificaciones técnicas y legales que respaldaran la asignación de los fondos.
La denuncia también menciona posibles sobrevaloraciones, subcontrataciones entre organizaciones relacionadas y presuntas situaciones de conflicto de interés en la ejecución de los proyectos.
Otro de los puntos observados es la entrega de bienes tecnológicos a menores de edad sin la presencia o autorización de un adulto responsable. Según el informe, al menos 208 computadoras portátiles fueron entregadas a beneficiarios entre los 7 y 17 años.
Entre los proyectos financiados con fondos públicos figuran la compra de pasajes e indumentaria para Olimpiadas Especiales, talleres de formación cívica, eventos para mujeres y juventud sindical, adquisición de laptops, zapatos, estufas, módulos de capacitación digital, alimentos, juguetes, canastas navideñas y más de 100 mil platos de comida para diferentes actividades.
Tras hacer pública la denuncia, representantes de la ASJ acudieron al Ministerio Público para presentar la documentación recopilada mediante solicitudes de acceso a la información pública.
Ahora corresponderá a los fiscales determinar si existen elementos suficientes para deducir responsabilidades administrativas o penales contra funcionarios, exfuncionarios o particulares involucrados en la administración de estos recursos.
