Tres hombres señalados por el Ministerio Público como presuntos responsables de planear un atentado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales y un golpe contra la presidenta Xiomara Castro fueron enviados este jueves al centro penitenciario de Támara, tras recibir detención judicial.
Se trata de Arcadio Corrales Estrada, Perfecto de Jesús Enamorado Paz y Antonio David Kattan Rivera, quienes enfrentan cargos por conspiración y asociación para delinquir en un caso que ha encendido las alarmas en el ámbito político y judicial del país.
La decisión fue tomada por un juez con jurisdicción nacional, quien ordenó su traslado inmediato a la cárcel de máxima seguridad, mientras se programó la audiencia inicial para el próximo lunes 18 de agosto a las 10:00 de la mañana. En esa instancia se evacuarán los medios de prueba presentados por la Fiscalía, que incluyen interceptaciones, testimonios y documentos que vincularían a los acusados con el presunto plan de desestabilización.
El caso ha generado reacciones en distintos sectores, al tratarse de figuras vinculadas a estructuras políticas y empresariales. La defensa de los imputados ha rechazado los señalamientos y asegura que se trata de una persecución sin fundamentos.
Desde el entorno del expresidente Zelaya y del gobierno de Castro, se ha reforzado la narrativa de que se trata de un intento de golpe institucional, mientras se exige que el proceso judicial avance con transparencia y sin presiones externas.
Este expediente podría convertirse en uno de los más sensibles del año, al tocar fibras de poder, seguridad nacional y polarización política en Honduras.
Tres hombres señalados por el Ministerio Público como presuntos responsables de planear un atentado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales y un golpe contra la presidenta Xiomara Castro fueron enviados este jueves al centro penitenciario de Támara, tras recibir detención judicial.
Se trata de Arcadio Corrales Estrada, Perfecto de Jesús Enamorado Paz y Antonio David Kattan Rivera, quienes enfrentan cargos por conspiración y asociación para delinquir en un caso que ha encendido las alarmas en el ámbito político y judicial del país.
La decisión fue tomada por un juez con jurisdicción nacional, quien ordenó su traslado inmediato a la cárcel de máxima seguridad, mientras se programó la audiencia inicial para el próximo lunes 18 de agosto a las 10:00 de la mañana. En esa instancia se evacuarán los medios de prueba presentados por la Fiscalía, que incluyen interceptaciones, testimonios y documentos que vincularían a los acusados con el presunto plan de desestabilización.
El caso ha generado reacciones en distintos sectores, al tratarse de figuras vinculadas a estructuras políticas y empresariales. La defensa de los imputados ha rechazado los señalamientos y asegura que se trata de una persecución sin fundamentos.
Desde el entorno del expresidente Zelaya y del gobierno de Castro, se ha reforzado la narrativa de que se trata de un intento de golpe institucional, mientras se exige que el proceso judicial avance con transparencia y sin presiones externas.
Este expediente podría convertirse en uno de los más sensibles del año, al tocar fibras de poder, seguridad nacional y polarización política en Honduras.
