La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) anunció la entrada en vigor de un proceso especial de amnistía, regularización, legalización y ordenamiento del sector de telecomunicaciones en Honduras, establecido mediante el Decreto Legislativo No. 172-2026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 21 de septiembre.

El decreto establece un plazo improrrogable de seis meses para que las personas naturales o jurídicas que actualmente prestan servicios públicos de telecomunicaciones sin contar con el título habilitante correspondiente puedan solicitar su legalización, siempre que esta sea técnica y legalmente factible.

Como parte del proceso de regularización, los operadores podrán acceder a beneficios como la amnistía sobre sanciones, recargos e intereses moratorios, además de la condonación de determinadas obligaciones económicas generadas durante el período de operación irregular, una vez que completen satisfactoriamente el proceso y obtengan el título habilitante o registro correspondiente.

El decreto también establece que, para el proceso de regularización, determinadas obligaciones serán calculadas con base en el 1 % de los ingresos brutos mensuales por la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.

Asimismo, los operadores que realizaron pagos calculados con una tasa del 1.5 % durante 2025 y hasta abril de 2026 podrán solicitar que el 0.5 % pagado en exceso sea reconocido como crédito para futuras obligaciones ante CONATEL.

Los operadores que poseen un título habilitante vigente o que se encuentran en proceso de renovación podrán regularizar obligaciones acumuladas desde 2014 hasta el 23 de abril de 2026, mediante el pago del monto principal adeudado o la formalización de un arreglo de pago.

Además, el decreto permite establecer convenios de pago de hasta 24 meses, bajo las condiciones establecidas en la normativa.

CONATEL advirtió que, una vez concluido el período de seis meses, los operadores que no hayan iniciado su proceso de regularización perderán los beneficios contemplados en el decreto y quedarán sujetos a las acciones de cobro y sanción correspondientes.

La institución informó que, junto con otros órganos del Estado, realizará inspecciones técnicas y controles a nivel nacional para identificar operaciones que continúen funcionando de manera ilegal.

En esos casos, podrá ordenar el cierre de las operaciones, imponer sanciones administrativas y multas, además de ejecutar el cobro de las obligaciones correspondientes y, cuando proceda, promover las acciones legales establecidas en la legislación.

CONATEL exhortó a los operadores interesados a aprovechar el período establecido y acudir a sus oficinas para conocer los procedimientos necesarios para regularizar su situación.

El Decreto Legislativo No. 172-2026 tiene una vigencia de seis meses contados a partir de su publicación en La Gaceta.