El diputado Antonio Rivera Callejas ha expresado su rechazo a la posibilidad de que el Estado asuma el pago de dinero a las personas afectadas por la empresa Koriun, argumentando que esta acción sería ilegal y financieramente inviable.
Según Rivera , si bien es crucial que los ciudadanos perjudicados encuentren justicia y puedan recuperar sus fondos, la responsabilidad recae directamente en Koriun y no en el gobierno. Desde su perspectiva, el Estado no puede cubrir las deudas de una compañía privada que engañó a miles de personas en el país, ya que esto establecería un precedente riesgoso que comprometería el uso de recursos públicos.
Además, el diputado advierte que, dado el limitado presupuesto nacional, sería inconstitucional que el gobierno destine fondos estatales para pagar las obligaciones financieras de Koriun. Rivera Callejas insiste en que el dinero público debe utilizarse para atender prioridades esenciales, como salud, educación y seguridad, en lugar de saldar las cuentas de una empresa privada.
Alternativas para los afectados
Ante esta controversia, la discusión gira en torno a posibles soluciones para los afectados. Rivera Callejas sugiere que el apoyo del Estado debería concentrarse en facilitar mecanismos legales, como asesoría jurídica y procesos judiciales expeditos, que permitan a los ciudadanos recuperar su dinero sin comprometer los recursos del país.
