Este miércoles, el hondureño Francisco Roberto Cosenza Centeno compareció ante la Corte del Distrito Sur de Florida, donde solicitó formalmente un cambio de declaración que lo llevaría a admitir culpabilidad por su participación en un esquema de sobornos y lavado de dinero relacionado con contratos financiados por la Tasa de Seguridad Poblacional.
La audiencia, presidida por el juez Edwin Torres, marca un giro decisivo en el proceso judicial que involucra a Cosenza y otros implicados en una red de corrupción transnacional. La aceptación de culpabilidad permitirá a la Corte programar la audiencia de sentencia y fortalece el caso del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra los demás acusados, al aportar claridad sobre la estructura del esquema y facilitar nuevas líneas de investigación.
Los cargos:
Cosenza enfrenta cinco acusaciones junto a Carl Alan Zaglin, empresario estadounidense del rubro textil, y Aldo Néstor Marchena. Según el expediente, entre marzo de 2015 y noviembre de 2019, los acusados conformaron una red para pagar sobornos a funcionarios del gobierno de Honduras —incluido Cosenza— con el objetivo de asegurar contratos millonarios para la fabricación y suministro de uniformes a la Policía Nacional.
El monto total de los contratos supera los 10 millones de dólares, financiados con fondos de la Tasa de Seguridad. A cambio de los pagos ilícitos, Cosenza y otros funcionarios facilitaron la adjudicación y el pago de los contratos, consolidando una estructura de corrupción institucionalizada.
Lavado de dinero:
Las ganancias obtenidas fueron canalizadas a través de cuentas bancarias y empresas testaferro en Estados Unidos y Belice. El Departamento de Justicia documenta transferencias superiores a 166,000 dólares hacia cuentas controladas por Cosenza y otro funcionario hondureño, como parte del esquema de lavado.
