El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló este martes una presunta red de corrupción dentro de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), activa entre 2022 y 2023, que habría involucrado a funcionarios públicos, ONGs y particulares en la ejecución irregular de más de 103 millones de lempiras.
Según el informe titulado “El negocio de gobernar: cómo el poder se sirve del pueblo”, los fondos fueron destinados a proyectos de infraestructura menor, ayudas sociales y becas, bajo un esquema que combinaba clientelismo político y favoritismo institucional.
El ministro Tomás Vaquero figura como uno de los principales señalados, acusado de excederse en la asignación de recursos y permitir que el mecanismo de distribución se convirtiera en una herramienta de beneficio político.
El documento detalla que el esquema iniciaba en el Congreso Nacional, donde diputados seleccionaban tanto los proyectos como las ONGs encargadas de ejecutarlos. Dentro de la SGJD, la exgerente administrativa jugaba un rol clave: su esposo era apoderado legal de una ONG beneficiada, y su cuñada integraba la junta directiva de otra.
Una vez adjudicados los fondos, las ONGs realizaban contrataciones privadas dirigidas, favoreciendo sistemáticamente a empresas y contratistas vinculados al esquema. Este patrón, según el CNA, replica denuncias previas realizadas en mayo de este año.
El informe concluye que la asignación de fondos se convirtió en un mecanismo de clientelismo político, vulnerando principios de transparencia y buen manejo de los recursos públicos bajo la supervisión directa de autoridades como Tomás Vaquero.
