Denuncias desde adentro del proyecto Red Solidaria
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) vuelve al centro de la polémica. Esta vez, un extrabajador del programa Red Solidaria ha hecho públicas —a través de redes sociales y denuncias formales— serias acusaciones sobre una presunta red de corrupción, amenazas y uso político de un censo urbano financiado, supuestamente, con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El denunciante, Oscar Alejandro Zelaya Lara, asegura haber sido contratado como supervisor de zona, incluso recibiendo códigos SIAFI, pero fue excluido antes de iniciar su trabajo de campo. Tampoco habría recibido el pago correspondiente, que asciende a más de 52 mil lempiras.
🧾 Contratos firmados, pagos inexistentes
Zelaya afirma que se incorporó al proyecto en noviembre de 2024, tras recomendación del diputado Netzer Mejía (M28 – Partido Libre). Firmó contrato, fue capacitado y recibió asignaciones, pero luego fue separado sin explicación. Entre sus acusaciones destacan:
- Solicitud de firmar recibos en blanco
- Despidos selectivos por afinidades políticas
- Contratación de personas vinculadas al movimiento M28 con fines electorales
Documentos oficiales confirman su vínculo
Como respaldo, presentó una constancia oficial firmada por la Coordinación de Proyectos (UCP/PRS), que lo acredita como empleado del programa financiado por el BCIE. También consta como beneficiario formal ante la Tesorería General de la República. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no registra oficialmente su contrato, lo que podría indicar una estrategia para borrar su relación laboral.
Amenazas, persecución y silencio forzado
La situación escaló cuando Zelaya denunció haber recibido amenazas de muerte tras exigir su salario. Según su testimonio:
“Mejor no haga olas si quiere conservar la vida.”
También habría sido objeto de persecución junto a su familia, motivo por el cual interpuso una queja ante el CONADEH, bajo el expediente 0501-2024-10-28-44.
¿Dónde están los fondos del BCIE?
Zelaya debía trabajar del 13 de diciembre de 2024 al 13 de febrero de 2025. Sin embargo, otro funcionario habría asegurado que el proyecto “inicia hasta el 17 de marzo”, lo que abre interrogantes sobre una posible malversación de fondos.
Ante la falta de respuesta institucional, el extrabajador anunció que emprenderá acciones legales por estafa, fraude, y abuso de autoridad.
🗳️ Elecciones a la vista, programas bajo sospecha
Este caso, marcado por el hashtag #ClavosEnSedesol, vuelve a encender alarmas sobre el uso partidario de los programas sociales en plena antesala electoral. La denuncia no solo revela posibles delitos, sino también una cultura institucional que silencia, excluye y manipula con impunidad.
Cortesia de Noticias 24/7
