Tegucigalpa, 13 de septiembre de 2025.
La Secretaría de Estado del Despacho de la Presidencia, bajo la dirección de Sarahí Cerna, enfrenta una ola de críticas tras el despido de un empleado con discapacidad, en un acto que ha sido calificado como excluyente, insensible y carente de justificación oficial.
Según una denuncia anónima recibida por Noticias 24/7 HN, el ciudadano Marco Yovanny Amador Torres —quien se desempeñaba como Conserje 2 y contaba con un carnet oficial emitido por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que acredita su condición— fue cesado de su cargo mediante un documento fechado el 28 de agosto. El oficio establece la cancelación por cesantía y consigna un último salario de 21,100 lempiras, sin ofrecer explicación alguna sobre los motivos del despido.
En el mismo documento, la Secretaría se limita a emitir un escueto agradecimiento por los servicios prestados, sin mencionar razones administrativas, evaluaciones de desempeño ni criterios institucionales que respalden la decisión.
Una gestión marcada por la exclusión
El despido ha sido interpretado por diversos sectores como una muestra de indiferencia institucional hacia los principios de inclusión y respeto laboral. La forma en que se ejecutó el cese —sin diálogo, sin justificación y sin consideración por la vulnerabilidad del trabajador— ha generado indignación entre defensores de derechos humanos, organizaciones de inclusión laboral y ciudadanos que exigen transparencia en la gestión pública.
La decisión, además, plantea serias interrogantes sobre los mecanismos internos de la Secretaría de Estado:
— ¿Qué criterios se aplican para cesar a un empleado con discapacidad?
— ¿Existen protocolos de protección para trabajadores en condición de vulnerabilidad?
— ¿Quién supervisa que las decisiones administrativas no vulneren derechos fundamentales?
Responsabilidad directa
La responsabilidad recae directamente sobre Sarahí Cerna, titular de la dependencia, cuya gestión comienza a ser señalada por prácticas discrecionales y falta de sensibilidad institucional. El caso de Marco Yovanny Amador Torres no solo expone una posible violación a los principios de equidad laboral, sino que también evidencia la ausencia de mecanismos claros para garantizar la protección de empleados con discapacidad.
Organizaciones civiles han comenzado a exigir una revisión del caso, así como la implementación de políticas públicas que aseguren la inclusión real en el ámbito gubernamental. Mientras tanto, la Secretaría guarda silencio, sin emitir ningún pronunciamiento oficial que explique o justifique el despido.
Nota cortesia de Noticias 24/7 hn
