Durante su cuarto Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Honduras enfrentó críticas de más de 90 países por el deterioro de su institucionalidad democrática, el control electoral y los ataques a la prensa.
Preocupación internacional por el estado de excepción
Delegaciones de países como Francia, Alemania, Noruega, Suiza, Reino Unido, Bélgica, Austria y Corea del Sur cuestionaron la prolongación del estado de excepción vigente desde diciembre de 2022. Señalaron que estas medidas violan principios básicos del derecho internacional y advirtieron que su extensión restringe libertades fundamentales y podría comprometer la equidad en las elecciones del 30 de noviembre.
Señalamientos sobre independencia electoral
España, Canadá, Brasil, Australia y Reino Unido subrayaron la importancia de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) operen sin presiones políticas. Alemania y Austria recordaron que la Constitución hondureña prohíbe la participación militar en procesos electorales, en respuesta a denuncias de intervenciones indebidas de las Fuerzas Armadas.
Hostigamiento a la prensa y defensores de derechos humanos
Noruega, Suiza, Países Bajos, Canadá y Francia exigieron fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección, dotándolo de autonomía y presupuesto suficiente. Lituania e Islas Marshall expresaron preocupación por la violencia contra periodistas, mientras que Reino Unido, Australia y Eslovenia instaron a detener la criminalización de voces críticas y garantizar investigaciones efectivas ante amenazas y ataques.
Declaraciones que incomodaron
La delegación hondureña fue encabezada por el ministro de Derechos Humanos, Longino Becerra, quien calificó la sesión como el “primer examen bajo un gobierno legítimo”. La frase fue interpretada como una descalificación a administraciones anteriores y generó incomodidad entre varias delegaciones.
Un mensaje claro: sin libertades, no hay legitimidad
El mensaje de la comunidad internacional fue contundente: la legitimidad democrática de Honduras depende del respeto a las libertades fundamentales, la separación de poderes y la protección efectiva de quienes defienden los derechos humano
