Honduras se posiciona como el segundo país de Centroamérica con la mayor tasa de empleo informal, alcanzando el 82.6 %, solo por debajo de Guatemala (83.2 %), de acuerdo con el Boletín Competitivo Regional publicado este miércoles por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Los países con los niveles más bajos de informalidad son Costa Rica (37.4 %) y República Dominicana (54.7 %), mientras que El Salvador (66.5 %), Nicaragua (63 %) y Panamá (58.7 %) se sitúan en rangos intermedios.
“La informalidad laboral sigue siendo uno de los principales frenos para la productividad en la región”, advierte el boletín, señalando que millones de trabajadores se ven obligados a recurrir a empleos sin protección legal ante la falta de oportunidades en la economía formal.
La informalidad impacta directamente en los niveles de vulnerabilidad y precariedad, limitando el acceso a derechos fundamentales como la seguridad social, condiciones laborales dignas y estabilidad en el empleo.
Según Alejandro Kaffati, oficial de Política Económica del Cohep, la informalidad no responde a una decisión personal, sino a una ausencia estructural de oportunidades:
“En países como Honduras y Guatemala, 8 de cada 10 trabajadores están dentro de la informalidad. Esto no sucede por elección. Sucede por la falta de oportunidades reales. Cambiar esta realidad debe ser una prioridad en nuestras políticas públicas”, afirmó.
Impacto económico regional
El boletín también detalla que en 2024, Centroamérica y República Dominicana alcanzaron un Producto Interno Bruto (PIB) conjunto de 498 mil millones de dólares, con un crecimiento de 2.8 %, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
No obstante, países como Honduras, El Salvador y Nicaragua solo aportaron entre el 4 % y el 7 % del PIB total regional, lo que, según Kaffati, obliga a repensar el modelo de desarrollo:
“Tenemos que trabajar en cómo dinamizar nuestras economías desde adentro”, señaló.
Un obstáculo estructural
El Cohep advierte que la informalidad no solo afecta a cada trabajador, sino también a la economía en su conjunto. Reduce ingresos públicos, limita la capacidad del Estado para responder a necesidades sociales y afecta la sostenibilidad de las empresas formales.
Además, se convierte en un obstáculo para los derechos laborales, dificultando el cumplimiento de los principios fundamentales en el trabajo, la protección social y el acceso a condiciones docentes dignas.
La mayoría de las personas que ingresan a la economía informal no lo hacen por voluntad, sino como respuesta desesperada ante la exclusión de la economía formal y la falta de opciones sostenibles.
