Tegucigalpa, 1 de julio de 2025 — Iris Paola Pérez Moreno, identificada como contratista del Estado, niñera y excuñada de la diputada de Libre en Copán, Isis Cuéllar, recibió una transferencia de L100 mil de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para la reparación de su vivienda en Santa Rosa de Copán, pese a que su solicitud solo contenía una fotografía de mala calidad como respaldo.
📸 Una imagen y un presupuesto dudoso bastaron
En su solicitud, presentada en mayo de 2024, Pérez Moreno explicó que el dinero sería «de mucha ayuda para poder reparar mi vivienda», alegando que se encontraba en «estado no habitable». La única prueba presentada fue una imagen borrosa de una casa de adobe, pintada con cal y visiblemente deteriorada, además de su tarjeta de identidad, una carta dirigida al entonces ministro José Carlos Cardona, y tres cotizaciones, algunas de las cuales presentaban irregularidades.
Aprobación rápida y vínculos políticos
El cheque con número 00001718 fue autorizado por Cardona, supuestamente a petición de la diputada Cuéllar, quien figura en varios casos similares. Aunque se trataba de una ayuda social, el desembolso ocurrió ocho meses después de que Pérez Moreno fuera inscrita en el Registro Especial de Compras Menores de ONCAE, bajo el expediente MP-2023-1363.
Doble rol: proveedora y beneficiaria
Pérez Moreno no solo recibió asistencia social; también fue acreditada como proveedora del Estado, ganando al menos un contrato de construcción por 1.2 millones de lempiras, del cual no existe registro en ONCAE pero sí constancia de desembolso según la Unidad de Respuesta Rápida de Emergencias.
El patrón: duplicación de cotizaciones y expedientes irregulares
Un análisis de la Unidad de Investigación y Datos reveló que 61 de las 65 ayudas gestionadas por la diputada Cuéllar en 2023 presentaban irregularidades, lo que representa un 94% de anomalías.
Entre las prácticas detectadas:
- Cotizaciones duplicadas en distintos expedientes.
- Misma caligrafía, precios y nombres comerciales repetidos.
- Documentación genérica presentada como respaldo individual.
- Presupuestos idénticos para rubros distintos como viviendas, negocios de plástico y eventos.
Mismos proveedores, distintos nombres
Uno de los casos más llamativos fue la repetición de una cotización de Inversiones López (serie 000000052), que aparece en múltiples solicitudes. El documento detalla la compra de cemento, canaletas y aluzinc por montos redondeados de L100,000.
También se detectaron cotizaciones idénticas de Plástico y Más dirigidas a diferentes solicitantes, con listas exactas de mobiliario y el mismo valor total.
📉 De la ayuda social al posible esquema de desvío
El escándalo provocó la renuncia del ministro José Carlos Cardona el pasado 27 de junio. Aunque el exfuncionario defendió que todas las ayudas pasaban por controles internos y dictámenes legales, los documentos analizados por el equipo investigador muestran contradicciones graves en el proceso.
En total, más de L6 millones en ayudas gestionadas por Cuéllar estarían vinculadas a expedientes irregulares. Las categorías más frecuentes fueron:
| Rubro | Total estimado | Casos |
|---|---|---|
| Reparación de viviendas | L2.1 millones | 21 |
| Renta de mobiliario para eventos | L1.4 millones | 14 |
| Negocios de venta de plásticos | L1.2 millones | 12 |
| Proyectos de sublimación | L180,000 | 9 |
| Otros (cibercafés, venta de comida, fotografía) | L1.1 millones aprox. | 9 |
Cada solicitud incluía pagarés firmados por los beneficiarios, lo que según Sedesol garantizaría la recuperación de fondos en caso de mal uso. Sin embargo, en varios casos ni las cotizaciones ni las constancias justifican el desembolso.
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Documentación incompleta y pagos certificados
Entre los archivos presentados figura un pagaré firmado por Pérez Moreno y sellado por SEDESOL, que acredita el pago de los L100 mil. El presupuesto anexado detallaba materiales para remodelación, y las cotizaciones utilizadas habrían sido duplicadas en otros expedientes.
Silencio ante cuestionamientos
Hasta la fecha, ni Pérez Moreno ni la diputada Cuéllar han dado declaraciones al respecto. El caso se suma a una creciente lista de transferencias irregulares bajo programas sociales que no cumplen con los filtros adecuados de verificación técnica ni social.
Cortesía de El Heraldo y La Prensa
