El empresario estadounidense Carl Alan Zaglin fue declarado culpable por un jurado federal en la Corte del Distrito Sur de Florida por participar en un esquema de sobornos a exfuncionarios hondureños vinculados al fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, destinado a financiar proyectos de seguridad en Honduras.
Contratos millonarios bajo investigación
Según la Fiscalía, entre 2015 y 2019, Zaglin buscó asegurar contratos por más de 10 millones de dólares para la empresa Atlanco, especializada en suministros tácticos, mediante pagos ilícitos a funcionarios hondureños. Las adjudicaciones se realizaron fuera de procesos de licitación transparentes, favoreciendo a Atlanco en al menos dos grandes compras estatales.
Evidencias presentadas en el juicio
Durante el proceso judicial, que se extendió por nueve días, se presentaron pruebas documentales y electrónicas que incluyeron:
- Transferencias bancarias internacionales
- Facturas falsas
- Grabaciones de audio
- Correos electrónicos y mensajes de WhatsApp
Estas evidencias demostraron cómo operaba el esquema de corrupción. Testigos clave como el exbanquero Aldo Marchena y los exejecutivos Luis y Bryan Berkman admitieron haber canalizado sobornos. El exdirector de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina, reconoció haber recibido 114,000 dólares a través de una empresa en Belice.
Defensa y veredicto
La defensa de Zaglin argumentó que las transacciones eran comisiones comerciales legítimas y que el empresario actuó bajo asesoría legal. Sin embargo, el jurado consideró que Zaglin “prometió, pagó y autorizó sobornos”, y que conocía plenamente el mecanismo de pagos ilícitos.
Implicaciones internacionales
El caso subraya el alcance de la justicia estadounidense en la persecución de actos de corrupción internacional que involucran fondos públicos de países aliados. La condena de Zaglin se suma a una serie de procesos que han revelado redes de desvío de recursos en Honduras, con implicaciones para empresarios, militares y funcionarios públicos.
