El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha revelado un esquema de corrupción que operó durante dos años en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), favoreciendo con contratos a empresas vinculadas por lazos familiares con funcionarios de la institución.
El informe titulado «La sangre llama… y contrata» expone cómo, entre 2022 y 2024, se adjudicaron contratos a empresas propiedad de familiares de altos funcionarios de la SGJD, violando los principios de transparencia y libre competencia establecidos en la Ley de Contratación del Estado.
Irregularidades detectadas
Según el CNA, el esquema de corrupción involucró la manipulación de procesos de compras menores, donde empresas relacionadas entre sí participaban en licitaciones simuladas. En muchos casos, dos de las tres ofertas eran descartadas por incumplimiento de requisitos, dejando como única opción válida a la empresa vinculada con los funcionarios señalados.
Las compras menores eran controladas desde la Gerencia Administrativa y la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, diseñando un mecanismo que garantizaba que las contrataciones recayeran siempre en el mismo grupo de empresas.
Funcionarios implicados
El informe señala a Jackeline Lizzette Pinto, gerente administrativa, y Fredis Naúl López Escober, subgerente de recursos materiales y servicios generales, como los principales responsables de este esquema. Se identificó que familiares directos de ambos funcionarios eran propietarios de las empresas beneficiadas con contratos estatales.
El CNA ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público, solicitando que se investigue a los implicados por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Reacciones y exigencias
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, ha exigido acciones inmediatas:
“Es necesario que el Ministerio Público actúe con celeridad y firmeza para que las personas señaladas sean presentadas ante la justicia y rindan cuentas por el daño ocasionado a la Administración Pública”.
El informe ha generado un fuerte debate sobre la necesidad de mayor transparencia en las licitaciones públicas, así como la implementación de mecanismos de supervisión independientes para evitar que redes de corrupción sigan operando dentro de las instituciones estatales.
