La sociedad hondureña ha encendido las alarmas ante los proyectos en desarrollo dentro de la Zede de Roatán. Según lo informado, en estos laboratorios se están implantando chips en el cuerpo humano y se están utilizando células madre obtenidas de la menstruación con fines de investigación.
Sin embargo, el futuro de las ZEDE en Honduras ha sido objeto de intensos debates. En noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales estas zonas de desarrollo, anulando el marco legal que las sustentaba. La decisión generó un punto de inflexión en la política económica del país, desarticulando los proyectos que operaban bajo este régimen especial.
A pesar de la sentencia, algunos sectores han defendido la continuidad de las ZEDE, argumentando que su eliminación afectaría la inversión extranjera y las oportunidades de empleo. Trabajadores de la ZEDE Próspera en Roatán han solicitado a la Corte Suprema que no las elimine, señalando que han encontrado beneficios en educación, salud y generación de ingresos.
Por otro lado, expertos en derechos humanos han advertido que las ZEDE han operado sin una consulta previa con las comunidades afectadas, lo que representa una violación a la autodeterminación de los pueblos. Además, han señalado riesgos en la privatización de servicios esenciales y el impacto ambiental de los proyectos en curso.
Mientras tanto, Jorge Colindres ha defendido la iniciativa, describiéndola como un ecosistema de emprendedores que busca atraer inversión a las Zedes. Sin embargo, el debate sobre los límites éticos y legales de estas prácticas sigue en aumento.
