Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió que el Presupuesto General de la República 2025 refleja una preocupante distorsión en las prioridades del gasto público. Aunque el presupuesto nacional creció un 5.8 % respecto al año anterior, los sectores sociales como salud, educación e inclusión han sido marginados, mientras aumentan los fondos para defensa, cárceles y propaganda.
Casi 90 % del presupuesto va a sueldos, deuda y transferencias
Según el informe de la ASJ, más del 88 % del presupuesto nacional está concentrado en gastos rígidos: pago de salarios, deuda pública y transferencias corrientes. Las instituciones sociales, en cambio, enfrentan recortes significativos que afectan directamente a la población más vulnerable.
Uno de los datos más alarmantes es la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Salud: al cierre de junio, no se ha invertido ni un lempira en vacunas, y apenas se ha ejecutado el 27 % del presupuesto destinado a medicamentos.
Salud en retroceso: recortes y desabastecimiento
La ASJ detalla que el sector salud sufrió un recorte total de L 353 millones. A esto se suman disminuciones específicas de L 528 millones en medicamentos y L 373 millones en vacunas. Esto deja a la población expuesta, justo cuando el gobierno ha comenzado a imponer medidas restrictivas por un supuesto aumento de enfermedades respiratorias.
Defensa y propaganda reciben incrementos millonarios
En contraste con los recortes sociales, el informe revela aumentos sustanciales en áreas no prioritarias:
- La Secretaría de Defensa recibió más de L 1,100 millones adicionales, incluidos L 400 millones para compra de equipo militar.
- El Instituto Nacional Penitenciario duplicó su presupuesto.
- La Secretaría de Planificación Estratégica destina el 93 % de sus fondos a publicidad e imprenta.
Riesgo de uso partidario en año electoral
En un contexto electoral, la ASJ alerta sobre el alto riesgo de desvío de fondos públicos para fines partidarios. Señala que instituciones como Sedesol, Gobernación y el FHIS ya han ejecutado más del 80 % de los L 1,451 millones asignados a gasto social, sin suficientes controles ni transparencia.
El informe denuncia que la baja ejecución en sectores clave, sumada a los incrementos en propaganda y defensa, evidencia un modelo de gasto orientado al clientelismo político, no al bienestar colectivo.
Restricciones sanitarias sin respaldo técnico
La contradicción más grave, advierte la ASJ, es el uso de argumentos sanitarios para justificar medidas restrictivas como el uso obligatorio de mascarillas y el retorno al teletrabajo, cuando no existe alerta sanitaria activa por COVID-19 según la OMS. Mientras tanto, Honduras no ha ejecutado ni un centavo en vacunas durante todo el año.
Recomendaciones para reorientar el gasto público
Ante este panorama, la ASJ propone medidas urgentes: - Repriorizar inversión en salud, educación e inclusión social.
- Contener el crecimiento de la masa salarial estatal.
- Disminuir el gasto militar excesivo.
- Justificar técnicamente cada modificación presupuestaria.
- Fortalecer los mecanismos de control ciudadano.
“Cada lempira debe servir para mejorar la calidad de vida de los hondureños, no para sostener estructuras políticas”, concluye la organización.
Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió que el Presupuesto General de la República 2025 refleja una preocupante distorsión en las prioridades del gasto público. Aunque el presupuesto nacional creció un 5.8 % respecto al año anterior, los sectores sociales como salud, educación e inclusión han sido marginados, mientras aumentan los fondos para defensa, cárceles y propaganda.
Casi 90 % del presupuesto va a sueldos, deuda y transferencias
Según el informe de la ASJ, más del 88 % del presupuesto nacional está concentrado en gastos rígidos: pago de salarios, deuda pública y transferencias corrientes. Las instituciones sociales, en cambio, enfrentan recortes significativos que afectan directamente a la población más vulnerable.
Uno de los datos más alarmantes es la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Salud: al cierre de junio, no se ha invertido ni un lempira en vacunas, y apenas se ha ejecutado el 27 % del presupuesto destinado a medicamentos.
Salud en retroceso: recortes y desabastecimiento
La ASJ detalla que el sector salud sufrió un recorte total de L 353 millones. A esto se suman disminuciones específicas de L 528 millones en medicamentos y L 373 millones en vacunas. Esto deja a la población expuesta, justo cuando el gobierno ha comenzado a imponer medidas restrictivas por un supuesto aumento de enfermedades respiratorias.
Defensa y propaganda reciben incrementos millonarios
En contraste con los recortes sociales, el informe revela aumentos sustanciales en áreas no prioritarias:
- La Secretaría de Defensa recibió más de L 1,100 millones adicionales, incluidos L 400 millones para compra de equipo militar.
- El Instituto Nacional Penitenciario duplicó su presupuesto.
- La Secretaría de Planificación Estratégica destina el 93 % de sus fondos a publicidad e imprenta.
Riesgo de uso partidario en año electoral
En un contexto electoral, la ASJ alerta sobre el alto riesgo de desvío de fondos públicos para fines partidarios. Señala que instituciones como Sedesol, Gobernación y el FHIS ya han ejecutado más del 80 % de los L 1,451 millones asignados a gasto social, sin suficientes controles ni transparencia.
El informe denuncia que la baja ejecución en sectores clave, sumada a los incrementos en propaganda y defensa, evidencia un modelo de gasto orientado al clientelismo político, no al bienestar colectivo.
Restricciones sanitarias sin respaldo técnico
La contradicción más grave, advierte la ASJ, es el uso de argumentos sanitarios para justificar medidas restrictivas como el uso obligatorio de mascarillas y el retorno al teletrabajo, cuando no existe alerta sanitaria activa por COVID-19 según la OMS. Mientras tanto, Honduras no ha ejecutado ni un centavo en vacunas durante todo el año.
Recomendaciones para reorientar el gasto público
Ante este panorama, la ASJ propone medidas urgentes:
- Repriorizar inversión en salud, educación e inclusión social.
- Contener el crecimiento de la masa salarial estatal.
- Disminuir el gasto militar excesivo.
- Justificar técnicamente cada modificación presupuestaria.
- Fortalecer los mecanismos de control ciudadano.
“Cada lempira debe servir para mejorar la calidad de vida de los hondureños, no para sostener estructuras políticas”, concluye la organización.
