Tegucigalpa.- El Ministerio Público (MP) reportó nuevos avances en la investigación que involucra al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y a exintegrantes de la denominada Comisión Permanente, por actuaciones realizadas durante el período anterior del Poder Legislativo.
Las diligencias buscan determinar si existen responsabilidades penales derivadas de decisiones y actuaciones efectuadas cuando Redondo se encontraba al frente del Congreso Nacional.
Entre los posibles delitos que han sido objeto de investigación figuran abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros eventuales ilícitos señalados previamente por el Ministerio Público.
Fiscalía recopila documentación y elementos de prueba
Como parte del proceso, fiscales continúan con la recopilación y análisis de documentación y otros elementos relacionados con las actuaciones atribuidas al expresidente del Legislativo y a quienes integraron la Comisión Permanente.
El objetivo de estas diligencias es establecer si las decisiones adoptadas durante ese período se realizaron dentro del marco establecido por la legislación hondureña o si existen elementos suficientes para impulsar posteriores acciones legales.
La investigación permanece abierta y las autoridades fiscales continúan desarrollando diferentes actuaciones antes de determinar los siguientes pasos del proceso.
Exintegrantes de la Comisión Permanente también son investigados
Las diligencias no se limitan a Luis Redondo, sino que también comprenden a exintegrantes de la Comisión Permanente, órgano cuyas decisiones y funcionamiento generaron controversia política y jurídica durante el período anterior.
El Ministerio Público deberá determinar de manera individual las posibles responsabilidades de las personas investigadas a partir de los elementos obtenidos durante las diligencias.
Investigación continúa abierta
Hasta el momento, el proceso se encuentra en etapa investigativa y no implica por sí mismo una declaración de responsabilidad penal contra las personas señaladas.
Una vez concluida la recopilación y evaluación de los elementos, corresponderá al Ministerio Público determinar si existen fundamentos suficientes para presentar requerimientos fiscales o adoptar otras acciones conforme a la ley.
Cualquier eventual responsabilidad deberá establecerse ante las instancias judiciales correspondientes, respetando el debido proceso y el principio de presunción de inocencia.
