Marruecos elevó a 14 la cifra de personas fallecidas y a 236 la de heridos tras la avalancha migratoria registrada la semana pasada en los alrededores de Ceuta, según un nuevo balance preliminar difundido este viernes por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Del total de personas heridas, 136 civiles sufrieron lesiones leves, mientras que otras 13 fueron trasladadas a centros hospitalarios, principalmente por fracturas o para realizarles evaluaciones médicas. Además, 87 agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes recibieron atención médica.
La situación también dejó un importante número de personas detenidas. En el lado marroquí de la frontera con Ceuta fueron arrestadas alrededor de 100 personas, entre ellas 11 menores que fueron trasladados a centros de protección de la infancia. De ese grupo, 69 permanecen en prisión preventiva, mientras que otras 14 enfrentan el proceso en libertad condicional.
El balance de víctimas mortales continúa siendo motivo de controversia. El CNDH de Marruecos sitúa en 14 los fallecidos en territorio marroquí, frente a los 11 que había informado inicialmente el Ministerio del Interior.
Por su parte, las autoridades de Ceuta han comunicado una cifra de 82 personas fallecidas, mientras que organizaciones de derechos humanos han difundido balances todavía superiores. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos, por ejemplo, elevó recientemente a 141 el número de muertos a ambos lados de la frontera.
Los disturbios registrados en la localidad marroquí de Castillejos, conocida como Fnideq y ubicada cerca de Ceuta, también provocaron daños materiales. Según el CNDH, fueron destruidos 61 vehículos particulares, 15 motocicletas y 14 vehículos de las fuerzas de seguridad.
El organismo marroquí señaló además que las redes sociales tuvieron un papel importante en la movilización, al documentar publicaciones que convocaban a acudir a Castillejos y difundían información sobre horarios, rutas y equipamiento para intentar cruzar a nado hacia Ceuta.
La crisis migratoria ha generado una creciente presión sobre las autoridades de Marruecos y España, mientras organizaciones de derechos humanos y partidos políticos reclaman una investigación independiente para esclarecer las circunstancias que rodearon las muertes.
