El Ministerio Público amplió las investigaciones relacionadas con el millonario desfalco registrado en el Banco Central de Honduras (BCH) y presentó requerimiento fiscal contra 11 empleados y exfuncionarios de la institución, por su presunta participación en irregularidades que habrían facilitado la desaparición de más de 88 millones de lempiras.
La acción penal fue presentada ante los tribunales con jurisdicción nacional en materia de corrupción y criminalidad organizada con sede en San Pedro Sula. Los señalados deberán responder por el delito de malversación imprudente, según informó la Fiscalía.
De acuerdo con las autoridades, esta nueva etapa del proceso surge a partir de los hallazgos obtenidos durante la investigación que derivó en la condena de la exfiscal Francia Sofía Medina, declarada culpable por la extracción ilegal de fondos resguardados en las bóvedas del BCH.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó que las diligencias permitieron identificar posibles incumplimientos en los procedimientos de control y custodia de evidencias por parte de varios funcionarios, situaciones que habrían contribuido a la comisión del fraude.
Capturas y procesos judiciales
Como parte de las acciones ejecutadas por la Fiscalía, varios de los acusados fueron capturados en distintos puntos del país. Cuatro detenciones se realizaron en San Pedro Sula, mientras que otro de los imputados fue arrestado en Choluteca para ser puesto a disposición de los tribunales competentes.
El Ministerio Público también informó que algunos de los señalados que continúan laborando en el Banco Central de Honduras han mostrado disposición para comparecer voluntariamente ante las autoridades judiciales.
Asimismo, se confirmó que aún existen personas pendientes de ubicación y que uno de los investigados se encuentra fuera del territorio nacional.
Entre los acusados figuran exgerentes, exsubgerentes, exjefes de áreas operativas y funcionarios activos del BCH, quienes deberán enfrentar las audiencias correspondientes para determinar su grado de responsabilidad dentro del caso.
Defensa invoca presunción de inocencia
Por su parte, la abogada Ela Cueva, representante legal de varios de los imputados, manifestó que ejercerá la defensa de sus clientes dentro del marco legal y recordó que todos mantienen el derecho constitucional a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.
La profesional del derecho señaló que será durante las audiencias iniciales cuando la Fiscalía deberá presentar los elementos de prueba que sustentan las acusaciones y establecer la participación individual de cada uno de los señalados.
Con esta ampliación de las investigaciones, el Ministerio Público busca esclarecer si, además de las responsabilidades ya determinadas en el caso, existieron omisiones administrativas o incumplimientos de controles internos que contribuyeron al perjuicio económico sufrido por el Banco Central de Honduras.
