Una estela de dudas y fuertes cuestionamientos rodea la trágica muerte de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en la zona de Corinto. Según revelaron fuentes vinculadas a la Policía e inteligencia militar, el incidente se habría originado durante la ejecución de un supuesto operativo ilegal que buscaba el decomiso de droga, dinero y oro a una estructura criminal.
De acuerdo con las informaciones preliminares, el allanamiento se realizó al margen de la ley, presuntamente sin orden judicial, sin la presencia de un fiscal o juez ejecutor, y sin el apoyo de refuerzos necesarios. Esta serie de irregularidades apunta a un incumplimiento total de los protocolos básicos de seguridad y legalidad, dejando a los agentes en una situación de alta vulnerabilidad que culminó en la masacre.
La línea de investigación ha comenzado a escalar dentro de la jerarquía de la institución. Las pesquisas ya alcanzan al jefe de operaciones, el comisario Corea Mendoza; al subdirector, comisionado Manuel Servellón; y al director de la DIPAMPCO, comisionado Marlon Lagos. La comunidad y diversos sectores exigen claridad sobre quién autorizó dicha misión en la que perdieron la vida el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y cuatro agentes más, en un hecho que ha puesto bajo la lupa la transparencia operativa de las fuerzas de seguridad en el país.
