Tegucigalpa, Honduras. El presidente de la República, Nasry “Tito” Asfura, inició los primeros cambios estructurales de su administración con la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que será sustituida por una nueva dependencia con nombre e imagen institucional renovados.
A partir del 28 de enero, la antigua Sedesol pasó oficialmente a llamarse Secretaría en los Despachos de Redes Sociales, según confirmó el gobierno hondureño.
Nueva estructura y nueva titular
La nueva secretaría estará dirigida por la abogada Fátima Juárez, exalcaldesa de Santa Bárbara (2018–2022) y expresidenta del Comité Central del Partido Nacional (CCPN) desde enero de 2024.
Juárez es considerada una figura cercana al nacionalismo y con amplia experiencia política.
El cambio también implica una reestructuración profunda del personal, ya que la mayoría de los empleados de la antigua Sedesol serán reemplazados como parte del nuevo modelo impulsado por el Ejecutivo.
Una institución marcada por la polémica
Sedesol —antes conocida como Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis)— arrastraba controversias desde la administración de Xiomara Castro.
En 2025 se denunciaron presuntos desvíos de fondos hacia actividades proselitistas del Partido Libertad y Refundación (Libre), caso que involucró a la diputada Isis Cuéllar y que culminó con la renuncia del entonces ministro José Carlos Cardona.
Estos antecedentes habrían motivado a la nueva administración a replantear por completo el esquema de asistencia social.
¿Cuál será el rol de la nueva Secretaría?
La Secretaría en los Despachos de Redes Sociales concentrará todos los programas sociales del gobierno de Nasry Asfura.
Aunque aún no se han detallado sus lineamientos operativos, se espera que adopte un enfoque modernizado y alineado con los ejes de política social de la nueva administración.
Una de las primeras decisiones estratégicas de Asfura
La eliminación de Sedesol forma parte de las primeras acciones del presidente Asfura orientadas a la reorganización del aparato estatal, la eficiencia en el uso de recursos públicos y el fortalecimiento de la transparencia institucional.
