Tegucigalpa, 12 de diciembre de 2025. El abogado Carlos Chajtur presentó este viernes una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) contra Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). La acusación señala la supuesta comisión del delito de usurpación de la personalidad y la divulgación de resultados electorales tras las elecciones generales de Honduras 2025.
Argumentos de la denuncia
Según la querella, Castellanos habría actuado fuera de lo establecido en la Constitución al difundir datos relacionados con el escrutinio de votos. De acuerdo con la normativa hondureña, esta función corresponde exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), como único órgano competente para divulgar resultados oficiales.
Chajtur afirmó que existe una “vinculación muy personal con una consejera del CNE” y advirtió que esa relación podría haber desnaturalizado el rol del CNA. Además, sostuvo que la divulgación de datos en medio del proceso podría perturbar el desarrollo electoral, cuando aún no se ha declarado oficialmente al presidente electo y continúa el escrutinio especial de actas con inconsistencias.
Riesgos señalados
La denuncia plantea que las acciones de Castellanos habrían generado confusión entre la ciudadanía y debilitado la credibilidad de las instituciones responsables de administrar los comicios.
Contexto postelectoral
El caso surge en medio de una crisis postelectoral marcada por la demora en la definición de resultados, acusaciones de fraude, señalamientos de injerencia internacional y cuestionamientos a la transparencia del proceso.
El CNE sigue revisando miles de actas inconsistentes, mientras actores políticos llaman a la calma y al respeto institucional. El plazo legal para emitir resultados oficiales vence el 30 de diciembre.
Respuesta del CNA
Sectores vinculados al CNA defendieron el papel del organismo como vigilante de la legalidad y la transparencia, subrayando que su función es fortalecer la rendición de cuentas y no interferir en competencias exclusivas del CNE.
Próximos pasos
La denuncia queda ahora en manos del Ministerio Público, que deberá decidir si abre una investigación formal.
