EE.UU. cuestiona retraso en fin del TPS y expone abusos cometidos por beneficiarios hondureños

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. emitió este jueves una declaración contundente en respuesta al fallo de una jueza federal en California que bloqueó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal. El DHS anunció que apelará la decisión y acusó a la jueza de actuar desde consideraciones ideológicas más que jurídicas.

La jueza Trina Thompson, nombrada por la administración Biden, aseguró que la medida de cancelar el TPS refleja “animosidad racial” y la comparó con la historia de la esclavitud. En su fallo, advirtió que expresiones como “expíen su raza, se vayan por sus nombres y purifiquen su sangre” —atribuidas a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem— evidencian una postura discriminatoria contra los 60,000 extranjeros protegidos por el programa.

Frente a esas acusaciones, el DHS calificó la decisión como “repugnante” y defendió que el TPS fue creado como respuesta temporal a crisis humanitarias, no como mecanismo migratorio permanente ni sustituto del asilo. El organismo subrayó que las condiciones en los países beneficiarios han cambiado desde la concesión del estatus hace más de dos décadas.

“La integridad del sistema migratorio es fundamental para nuestra seguridad nacional. El TPS debe cumplir su propósito original”, expresó Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, quien añadió que el Ejecutivo buscará que una instancia judicial superior revalide su autoridad conforme al Artículo II de la Constitución.

Además, el Departamento denunció un supuesto uso abusivo del programa. Señaló que algunos beneficiarios han cometido delitos graves en Estados Unidos, lo que, según el DHS, afecta la credibilidad del TPS bajo su estructura actual. “Se ha convertido en una forma de amnistía de facto”, afirmaron.

Con la apelación en curso, el TPS sigue vigente para los ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal. El caso se enmarca en una creciente controversia sobre la naturaleza del programa, su duración y el tratamiento legal de los migrantes bajo estatus temporal.

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