Tegucigalpa, 8 de julio de 2025 – Un nuevo capítulo de controversia política se abrió este martes luego de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, publicara un listado de 70 diputados del Partido Nacional que habrían gestionado subvenciones desde el hemiciclo legislativo. Entre los nombres destacan Antonio Rivera Callejas, Erasmo Portillo, Gladis Aurora López, Johana Bermúdez y Lissi Cano.
Según Redondo, la publicación responde a un principio de transparencia y al derecho del pueblo hondureño de conocer cómo, para qué y quiénes han solicitado fondos públicos destinados a ayudas sociales. Las subvenciones habrían sido utilizadas para cubrir necesidades como atención médica, traslados, ataúdes, alimentos, útiles escolares y uniformes deportivos.
“Este Congreso Nacional es el primero en la historia de Honduras que gestiona estos fondos de forma auditable. Si hay irregularidades, deben ser investigadas y sancionadas”, afirmó Redondo en su cuenta de X (antes Twitter).
📌 ¿Subvenciones o clientelismo?
Aunque las ayudas están amparadas en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, diversos sectores han cuestionado su uso, señalando que podrían alimentar prácticas de clientelismo político. La falta de regulación y auditoría efectiva ha generado sospechas sobre el verdadero destino de estos recursos.
En el caso de la diputada Johana Bermúdez, aunque figura en el listado, ha declarado que la bancada nacionalista no gestiona ese tipo de fondos, y ha pedido que se investigue a todos los diputados por igual.
Por su parte, Erasmo Portillo ha exigido públicamente que se publiquen los listados completos de quienes han recibido y liquidado subvenciones, argumentando que el dinero debe llegar a quienes realmente lo necesitan.
Contexto legal y político
Las subvenciones se entregan bajo el marco del artículo 205 de la Constitución y el artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso. Sin embargo, la opacidad en su ejecución ha sido objeto de críticas desde hace años. En administraciones anteriores, fondos similares como el extinto Fondo Departamental fueron señalados por corrupción y uso proselitista.
El debate se intensifica en un contexto donde la ciudadanía exige mayor rendición de cuentas y donde el Congreso ha sido históricamente señalado por el manejo discrecional de recursos públicos.
