Un informe del medio digital Criterio.hn revela que, entre enero de 2024 y febrero de 2025, al menos 80 diputados del Congreso Nacional, en su mayoría del partido Libertad y Refundación (Libre), gestionaron más de 234,9 millones de lempiras en concepto de becas estudiantiles, seguridad alimentaria y pequeñas obras de infraestructura. Los fondos provinieron del Fondo de Administración Solidaria operado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Entre los legisladores con mayores gestiones figuran Rasel Tomé, con 18 millones de lempiras en becas; Hugo Noé Pino, con 12,98 millones para 2,596 becas; y Isis Carolina Cuéllar, quien habría solicitado más de 10,3 millones en becas, seguridad alimentaria y obras menores en el departamento de Copán. En conjunto, los cinco diputados que más fondos movieron —Tomé, Pino, Cuéllar, Edgardo Morán y Juan Barahona— habrían gestionado más de 65,5 millones de lempiras.
La denuncia cobra mayor peso luego de la difusión de un video donde se observa a la diputada Cuéllar coordinando con el ministro de SEDESOL, José Carlos Cardona, la entrega de sillas, carpas, equipos de sonido y cheques de hasta L 100,000 a estructuras partidarias del partido Libre. El propio ministro admitió públicamente estas prácticas, reconociendo el uso del bono solidario como parte de una estrategia político-electoral.
Si bien la gestión comunitaria de ayudas corresponde oficialmente a instituciones como SEDESOL, SIT, FHIS, Condepor, Fosode y la Secretaría de Gobernación, los reportes indican que los diputados también participaron en la distribución de bonos tecnológicos, herramientas ganaderas a través de la SAG y lámparas solares con el respaldo de la ENEE. El ministro de Finanzas, Cristhian Duarte, reconoció además que Banasupro y Banadesa han sido parte del esquema de ejecución, ampliando el uso de mecanismos que no estaban previstos en la estructura original del presupuesto.
La SEDESOL informó que ha entregado más de 26,000 becas desde la creación de este fondo, aunque no presentó criterios públicos de selección ni parámetros de evaluación de impacto. Por su parte, el ministro Cardona defendió el proceso, asegurando que las solicitudes pasan por una comisión técnica evaluadora, y que los desembolsos son autorizados únicamente por la Secretaría de Finanzas.
El jefe de la bancada liberal, Mario Segura, confirmó que miembros de su partido también recibieron cheques provenientes del fondo, pero afirmó que todos fueron “debidamente liquidados”, y sostuvo que los recursos permiten responder a necesidades urgentes en las comunidades representadas.
A pesar de que el marco legal permite una asignación flexible de hasta 950 millones de lempiras para obras menores y ayudas sociales, el creciente uso político de estos fondos ha encendido las alarmas. La vinculación entre los recursos públicos y la estructura electoral del partido oficialista ha provocado un nuevo llamado a mayor transparencia, auditoría independiente y rendición de cuentas
