El exfiscal general de Honduras, Edmundo Orellana, descartó la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), asegurando que ni el actual gobierno ni el próximo tienen una intención real de instalarla.
“La CICIH no va a venir. En este gobierno ya no hay tiempo y el que viene no la va a traer porque no le conviene. Ninguno de los tres candidatos está interesado en tenerla, porque afectaría sus intereses”, afirmó Orellana.
El también exministro de Transparencia señaló a los presidenciables Rixi Moncada (Libre), Salvador Nasralla (PL) y Nasry Asfura (PN) como parte de un sistema que perpetúa la impunidad. Como ejemplo, recordó el caso del 9 de marzo en el Consejo Nacional Electoral, donde —según él— los partidos defendieron a sus propios consejeros y pidieron sanciones solo para los adversarios.
Un Congreso sin intención de cambio
Orellana también criticó la falta de acción en el Congreso Nacional, donde varios diputados enfrentan investigaciones por corrupción y, según él, bloquearían cualquier intento de establecer la CICIH.
“Si nosotros elegimos a los mismos diputados, no podemos esperar cambios. Muchos de ellos deberían estar presos si la CICIH entra al país. Saben que serían de los primeros en caer”, sostuvo.
La falta de voluntad política se extiende a la derogación de leyes clave, como el nuevo Código Penal y otras normativas que dificultan la lucha contra la corrupción.
Debilidad en el Ministerio Público
El exfiscal general también cuestionó el liderazgo del fiscal Johel Zelaya, calificando su gestión como errática y débil, especialmente en casos como el escándalo del 9 de marzo y el caso “Koriun”.
“Lo vi firme solo una vez. Pero cuando realmente se atentó contra la democracia el 9 de marzo, guardó silencio. Eso genera desconfianza en la institución”, criticó.
Según Orellana, la pasividad del Ministerio Público afecta su credibilidad y aleja aún más la posibilidad de combatir eficazmente la corrupción.
Reformas constitucionales, un obstáculo insalvable
En relación con la figura del querellante autónomo, Orellana recordó que requeriría una reforma constitucional, lo cual ve inviable en el actual escenario político.
“El Congreso ya está en modo campaña. No va a aprobar nada que amenace los intereses de sus propios miembros”, explicó.
Finalmente, aunque la presidenta Xiomara Castro ha mostrado voluntad, Orellana considera que los plazos no alcanzan para concretar la llegada de la CICIH. Aunque el memorándum con la ONU se prorrogó hasta diciembre, ve poco probable que el proceso avance más allá de la firma de un convenio.
“Puede que firmen el acuerdo, pero llevarlo a la práctica será casi imposible con este Congreso… y el próximo será peor”, concluyó.
