La reciente denuncia presentada ante el FBI contra la ministra de Defensa y precandidata presidencial Rixi Moncada, junto con otras figuras políticas y empresariales, ha generado un fuerte impacto en el país. De proceder la acusación, los implicados podrían enfrentar sanciones como la revocación de visas estadounidenses y su inclusión en la Lista Engel, un mecanismo del Departamento de Estado de EE.UU. que señala a individuos involucrados en corrupción significativa y ataques a la democracia.
Moncada ha respondido con firmeza a las acusaciones, calificando la Lista Engel como una herramienta de presión política utilizada por EE.UU. según sus intereses geopolíticos. En un discurso reciente, enfatizó que no se someterá a la élite económica y reafirmó su compromiso con la resistencia popular.
Entre los empresarios mencionados en la denuncia se encuentra Mohammad Yusuf Amdani Bai, quien ha sido señalado por presunta corrupción dentro del sistema judicial hondureño. Según informes, Amdani habría sobornado a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia para obtener fallos favorables en una demanda privada, lo que refuerza las denuncias sobre redes clientelares dentro del Poder Judicial.
La controversia también ha alcanzado a la magistrada Sonia Marlina Dubón, quien figura en la Lista Engel y ha denunciado presiones externas sobre el sistema judicial hondureño. Según Dubón, un alto oficial estadounidense habría influido en decisiones judiciales, lo que ha generado un debate sobre la independencia del sistema judicial hondureño.
Mientras algunos sectores ven la Lista Engel como un mecanismo legítimo de rendición de cuentas, otros la critican como una estrategia unilateral de Washington para influir en la política hondureña. La ministra Moncada ha sido una de las voces más críticas, afirmando que la lista forma parte de las políticas de dominación de EE.UU. en la región.
El impacto de esta denuncia podría ser significativo en el escenario político y empresarial del país, con posibles repercusiones en las próximas elecciones y en la relación de Honduras con Estados Unidos. La comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de este caso, que podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en la región.
