Tegucigalpa. La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) denunció un presunto uso indebido de 19 millones de lempiras asignados al Mecanismo Nacional de Protección, recursos que, en lugar de garantizar seguridad efectiva a periodistas, defensores de derechos humanos y abogados, habrían sido destinados al alquiler de vehículos blindados para funcionarios públicos.
Durante una conferencia de prensa, Dina Meza, representante de ASOPODEHU, cuestionó la administración de estos fondos, señalando que una parte significativa se desvía hacia gastos administrativos y beneficios para altos funcionarios, mientras quienes realmente requieren protección continúan en situación de vulnerabilidad.
«Mientras los funcionarios circulan en vehículos blindados, los periodistas amenazados carecen de medidas mínimas de seguridad, como traslados seguros, cámaras de vigilancia o mejoras en sus viviendas», denunció Meza.
La organización también alertó sobre un aumento en los ataques contra comunicadores y defensores de derechos humanos en el país, lo que agrava la crisis de protección y transparencia en el uso del presupuesto.
«Vamos a llevar este caso ante el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH», anunció Meza, destacando que el ejercicio del periodismo en Honduras se ha convertido en una labor de alto riesgo debido a amenazas legales, difamación y restricciones en el acceso a información pública.
ASOPODEHU exige una auditoría rigurosa sobre el manejo de los fondos del Mecanismo Nacional de Protección y demanda el cumplimiento de su propósito original: salvaguardar la vida e integridad de quienes defienden derechos fundamentales en contextos de riesgo
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